Las reformas a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria pasaron el primer debate ayer en la Asamblea con varias observaciones del oficialismo y de la oposición.
El objetivo del proyecto es superar los problemas que han surgido en ese sector como: insuficiencia de las medidas de incentivo, fomento y promoción, dificultades en los trámites de los procesos de liquidación, lentitud en el registro, catastro y obtención de personería y dificultad para obtener el Registro Único de Proveedores, falta de normativa regulatoria y dispersión, duplicación y vacíos entre instituciones.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico y ponente, Virgilio Hernández (AP), dijo que el proyecto precisa la definición del sector, aclara el tema tributario, mejora facultades de supervisión y control, garantiza el apoyo financiero y que incorporará al transporte. Rosa Muñoz (AP) propuso que trueque de pueblos y nacionalidades y el intercambio de productos y especies tienen que ser reconocido en la ley y Esthela Acero (AP) dijo que el mayor inconveniente del sector de economía popular ha sido el financiamiento.
En tanto, Franco Romero (MG-PSC) sostuvo que el proyecto involucra a municipios para fomentar la actividad económica. Patricio Donoso (CREO) manifestó que hay que evitar los excesivos controles a las asociaciones comunitarias y Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) espera que la ley no se convierta en un camino lleno de trámites burocráticos y restricciones. (I)
Asambleísta por la provincia de El Oro | Presidente (e) de la Comisión Del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control |
