SESIÓN DE PLENO No. 886
INFORME PARA SEGUNDO DEBATE DE LA “LEY ORGÁNICA DE COMPETITIVIDAD ENERGETICA”
Sabemos que esta ley NO soluciona el racionamiento del servicio público de electricidad, pero su objetivo sigue siendo promover soluciones económicas y de generación de energía a fin de superar la crisis energética […], lo que no se apega a la realidad, hay que dejar de mentirle a la ciudadanía y sobretodo, buscar los mecanismos para que NO se cargue al consumidor final en sus planillas, el peso de una crisis que no es responsabilidad de los ciudadanos de a pie.
Otra de mis observaciones tiene que ver con el ÁMBITO, donde los derechos económicos, sociales y ambientales debían tener parte, pero esto no fue considerado, dejando de lado el interés social de esta norma.
Alertamos, además, que la reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, es una pre asignación lo que está fuera de la norma constitucional, lo que persiste ya que se mantiene que el financiamiento organismo de Regulación y Control.
Pero también hay buenas noticias, en el artículo 25 de la norma antedicha se acogió el orden de prelación a las empresas mixtas; y de forma excepcional a las empresas de capital privado, es decir, que se priorice nuestros recursos.
El artículo 9 de esta ley que reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, sobre la TRANSMISIÓN de la electricidad a nivel nacional, fue eliminado, ¡NO apoyaremos jamás ninguna intención de privatizar los servicios públicos!
El artículo 20 del informe a primer debate que reformaba el artículo 88 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, sobre las zonas francas, tal como lo propusimos, fue eliminado, las zonas francas no deben beneficiarse de privilegios sobre el acceso a la energía eléctrica, este servicio es público y debe imperar el interés social.
Y finalmente en las disposiciones generales se declara de INTERÉS y PRIORIDAD NACIONAL, los proyectos de generación hidroeléctrica que están inconclusos como son Toachi Pilatón y Mazar- Dudas.
Recuperar la inversión social, es URGENTE, solo así con la puesta en marcha al 100% de estos grandes proyectos no volveremos al pasado de tinieblas e incertidumbre.
Franklin Omar Samaniego Maigua nació el 2 de septiembre de 1971 en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Desde una edad temprana, demostró un gran interés por el estudio y el aprendizaje, asistiendo a la Pensionado "Olivo" durante su educación primaria y luego al Colegio "San Felipe Neri" para sus estudios secundarios, ambos en su ciudad natal.
Posteriormente, continuó su formación académica en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó como Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, marcando así el inicio de una destacada carrera en el ámbito legal. Complementó su formación con estudios en la Universidad Católica de Cuenca, donde obtuvo su título de Abogado de los Tribunales de la República y más tarde su Doctorado en Jurisprudencia.
La búsqueda constante de conocimiento llevó a a obtener una especialización en Contratación Pública y Administración del Estado en la Universidad Central del Ecuador, así como una Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), consolidando su experiencia en diversos campos del derecho.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en numerosos cursos y seminarios especializados, abarcando áreas como administración de justicia, derecho civil, y legislación relacionada con la gestión pública, entre otros.
Su experiencia laboral incluye roles como Asesor Jurídico en empresas turísticas, Director de Asesoría Jurídica y Gerente en la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo, así como diversas funciones en el ámbito legislativo, donde ha desempeñado roles destacados como Asambleísta por la Provincia de Pichincha y Vicepresidente de Comisiones Especializadas en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Ha sido un activo defensor de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, participando en varios grupos parlamentarios y demostrando un compromiso constante con el servicio público y el bienestar de la sociedad. Su dedicación y pasión por el servicio público lo han convertido en un referente en el ámbito legal y político en Ecuador.
