Demandamos Fiscalización del Ministerio de Salud por Crisis del Dengue, Deuda con SOLCA y Clínicas de Diálisis.
En la última sesión del Pleno, se debatió intensamente sobre el dramático aumento de casos de dengue en Ecuador y la creciente deuda que el Ministerio de Salud mantiene con instituciones como la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (SOLCA). Los números son alarmantes: más de 23 mil casos reportados de dengue, con un aumento drástico respecto a años anteriores. Las regiones más afectadas, como Manabí, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, están sufriendo una carga desproporcionada de la enfermedad, con un preocupante número de fallecimientos, incluyendo a niños.
En respuesta, el Ministerio de Salud ha anunciado medidas como capacitación al personal de salud, control vectorial y muestreo en pacientes confirmados. Sin embargo, surge la pregunta: ¿Qué acciones preventivas se han tomado para evitar esta crisis? Expertos señalan que la inseguridad en ciertas áreas ha dificultado la vigilancia epidemiológica, lo que ha contribuido a la proliferación del dengue. Es imperativo que el Ministerio de Salud rinda cuentas sobre sus acciones y tome medidas efectivas para abordar esta emergencia sanitaria. Además, se ha destacado la grave situación financiera de SOLCA, que ha suspendido la atención a nuevos pacientes debido a la deuda acumulada por el Ministerio de Salud. Esta institución, que atiende a miles de pacientes oncológicos cada año, enfrenta una situación crítica que requiere una respuesta inmediata por parte del gobierno.
En vista de esta situación, se ha propuesto una resolución para solicitar a la Comisión Especializada del Derecho a la Salud y Deporte que inicie un proceso de fiscalización del accionar del Ministerio de Salud, así como de su deuda con SOLCA. Esta medida busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la crisis del dengue y en el manejo de la deuda con instituciones de salud. Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y tomen medidas concretas para proteger la salud y el bienestar de todos los ecuatorianos. La emergencia sanitaria no puede esperar. Es necesario actuar con urgencia para enfrentar esta crisis y garantizar el acceso equitativo a la atención médica para todos. El pueblo ecuatoriano exige respuestas y acciones concretas. No podemos permitirnos el lujo de ignorar esta crisis que está afectando a miles de familias en todo el país. ¡Es hora de la acción!
Franklin Omar Samaniego Maigua nació el 2 de septiembre de 1971 en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Desde una edad temprana, demostró un gran interés por el estudio y el aprendizaje, asistiendo a la Pensionado "Olivo" durante su educación primaria y luego al Colegio "San Felipe Neri" para sus estudios secundarios, ambos en su ciudad natal.
Posteriormente, continuó su formación académica en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó como Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, marcando así el inicio de una destacada carrera en el ámbito legal. Complementó su formación con estudios en la Universidad Católica de Cuenca, donde obtuvo su título de Abogado de los Tribunales de la República y más tarde su Doctorado en Jurisprudencia.
La búsqueda constante de conocimiento llevó a a obtener una especialización en Contratación Pública y Administración del Estado en la Universidad Central del Ecuador, así como una Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), consolidando su experiencia en diversos campos del derecho.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en numerosos cursos y seminarios especializados, abarcando áreas como administración de justicia, derecho civil, y legislación relacionada con la gestión pública, entre otros.
Su experiencia laboral incluye roles como Asesor Jurídico en empresas turísticas, Director de Asesoría Jurídica y Gerente en la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo, así como diversas funciones en el ámbito legislativo, donde ha desempeñado roles destacados como Asambleísta por la Provincia de Pichincha y Vicepresidente de Comisiones Especializadas en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Ha sido un activo defensor de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, participando en varios grupos parlamentarios y demostrando un compromiso constante con el servicio público y el bienestar de la sociedad. Su dedicación y pasión por el servicio público lo han convertido en un referente en el ámbito legal y político en Ecuador.
