En una sesión trascendental del Pleno No. 919, llevada a cabo el martes 9 de abril de 2024, la Asamblea Nacional presenció una intervención reveladora por parte de la Bancada Ciudadana, que expuso de manera contundente las raíces y consecuencias de la crisis energética que aqueja a Ecuador. La Bancada Ciudadana comenzó señalando la falta de inversión pública en el sector energético durante los últimos años, contrastando la construcción exitosa de hidroeléctricas durante la Revolución Ciudadana con la parálisis y la inacción bajo los gobiernos sucesivos de Moreno, Lasso y Noboa. Se destacaron proyectos que, a pesar de estar programados para entrar en operación en años anteriores, aún se encuentran en fase de construcción o incluso en estado de paralización. Esta situación ha dejado al país vulnerable ante una crisis energética de proporciones catastróficas.
La intervención también resaltó las acciones y omisiones del gobierno actual ante la crisis energética, enumerando una serie de medidas improvisadas y desesperadas que han exacerbado la situación. Desde la promesa inicial de "Cero apagones" hasta las acusaciones de sabotaje y las demandas a exfuncionarios, el gobierno ha demostrado una falta de liderazgo y una tendencia a culpar a otros por sus propios fracasos. Se enfatizó la responsabilidad del exministro Fernando Santos Alvite en la crisis energética, señalando su negligencia al ignorar las alertas sobre el estiaje y su falta de gestión preventiva en el mantenimiento del sistema eléctrico. Como resultado, se propuso y aprobó por unanimidad un juicio político en su contra, evidenciando la necesidad de rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio del poder.
La intervención concluyó con una reflexión sobre las consecuencias devastadoras de la crisis energética para el pueblo ecuatoriano, así como la urgencia de tomar medidas concretas para resolver la situación. Se hizo hincapié en la importancia de una institucionalidad fuerte y un liderazgo responsable para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. En resumen, la intervención de la Bancada Ciudadana destacó la gravedad de la crisis energética y la necesidad de responsabilizar a aquellos que han contribuido a su deterioro. Es hora de dejar de lado la improvisación y la negligencia y tomar medidas efectivas para garantizar un suministro eléctrico estable y seguro para todos los ecuatorianos.
El país no merece vivir en la oscuridad de la irresponsabilidad de los últimos Gobiernos.
Franklin Omar Samaniego Maigua nació el 2 de septiembre de 1971 en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Desde una edad temprana, demostró un gran interés por el estudio y el aprendizaje, asistiendo a la Pensionado "Olivo" durante su educación primaria y luego al Colegio "San Felipe Neri" para sus estudios secundarios, ambos en su ciudad natal.
Posteriormente, continuó su formación académica en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó como Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, marcando así el inicio de una destacada carrera en el ámbito legal. Complementó su formación con estudios en la Universidad Católica de Cuenca, donde obtuvo su título de Abogado de los Tribunales de la República y más tarde su Doctorado en Jurisprudencia.
La búsqueda constante de conocimiento llevó a a obtener una especialización en Contratación Pública y Administración del Estado en la Universidad Central del Ecuador, así como una Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), consolidando su experiencia en diversos campos del derecho.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en numerosos cursos y seminarios especializados, abarcando áreas como administración de justicia, derecho civil, y legislación relacionada con la gestión pública, entre otros.
Su experiencia laboral incluye roles como Asesor Jurídico en empresas turísticas, Director de Asesoría Jurídica y Gerente en la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo, así como diversas funciones en el ámbito legislativo, donde ha desempeñado roles destacados como Asambleísta por la Provincia de Pichincha y Vicepresidente de Comisiones Especializadas en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Ha sido un activo defensor de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, participando en varios grupos parlamentarios y demostrando un compromiso constante con el servicio público y el bienestar de la sociedad. Su dedicación y pasión por el servicio público lo han convertido en un referente en el ámbito legal y político en Ecuador.
