En una sesión trascendental de la Asamblea Nacional, se ha presentado el Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, un paso significativo en el camino hacia una justicia más efectiva y una sociedad más segura en Ecuador.
El representante del pueblo ecuatoriano ha destacado la urgencia de promulgar normas que refuercen la seguridad ciudadana y fomenten una cultura de paz. En este sentido, la reforma propuesta no solo se ajusta a los preceptos de la Constitución, sino que también se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos.
Uno de los puntos álgidos del debate ha sido el costo y la efectividad de una consulta popular propuesta, cuyo valor contrasta drásticamente con el impacto económico de la violencia en el país. Según un informe reciente del Instituto para la Economía y la Paz, el costo de la violencia en Ecuador asciende a $12.229 millones anuales, equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB). En este contexto, la reforma se presenta como una alternativa más eficaz para abordar los problemas de seguridad, sin necesidad de incurrir en gastos innecesarios.
El endurecimiento de las penas para delitos relacionados con la delincuencia organizada, el terrorismo, el lavado de activos y otros crímenes graves es uno de los pilares fundamentales de esta reforma. Por ejemplo, se propone aumentar la pena privativa de libertad para el delito de terrorismo de trece a diecinueve años, lo que refleja el compromiso del Estado en la lucha contra el extremismo y la violencia.
Además, se destacan las medidas destinadas a reforzar el control de armas y municiones, especialmente en los centros de rehabilitación social. La reforma propone que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan un rol más activo en la seguridad de estos centros, lo que ayudaría a prevenir la entrada de armas y reducir la violencia dentro de las cárceles.
En un gesto significativo, la reforma también contempla el cumplimiento íntegro de las penas en centros de rehabilitación social, lo que contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana y garantizar el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario. Según datos del Ministerio de Gobierno, el hacinamiento en las cárceles es uno de los principales problemas del sistema penitenciario ecuatoriano, y se espera que esta medida ayude a descongestionar las prisiones y mejorar las condiciones de vida de los internos.
En este contexto, es imperativo que todos los ecuatorianos respalden esta reforma penal, que representa un paso crucial hacia una justicia integral y eficaz. Es momento de unir esfuerzos para combatir la criminalidad y construir un futuro más seguro para nuestro país. Al tomar en consideración los datos presentados y las medidas propuestas, queda claro que esta reforma es un paso necesario en la dirección correcta. Con el apoyo de todos los sectores de la sociedad, podemos impulsar el cambio hacia una sociedad más justa y segura para todos los ecuatorianos.
*Juntos, podemos impulsar el cambio hacia una sociedad más justa y segura.*
Franklin Omar Samaniego Maigua nació el 2 de septiembre de 1971 en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Desde una edad temprana, demostró un gran interés por el estudio y el aprendizaje, asistiendo a la Pensionado "Olivo" durante su educación primaria y luego al Colegio "San Felipe Neri" para sus estudios secundarios, ambos en su ciudad natal.
Posteriormente, continuó su formación académica en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó como Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, marcando así el inicio de una destacada carrera en el ámbito legal. Complementó su formación con estudios en la Universidad Católica de Cuenca, donde obtuvo su título de Abogado de los Tribunales de la República y más tarde su Doctorado en Jurisprudencia.
La búsqueda constante de conocimiento llevó a a obtener una especialización en Contratación Pública y Administración del Estado en la Universidad Central del Ecuador, así como una Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), consolidando su experiencia en diversos campos del derecho.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en numerosos cursos y seminarios especializados, abarcando áreas como administración de justicia, derecho civil, y legislación relacionada con la gestión pública, entre otros.
Su experiencia laboral incluye roles como Asesor Jurídico en empresas turísticas, Director de Asesoría Jurídica y Gerente en la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo, así como diversas funciones en el ámbito legislativo, donde ha desempeñado roles destacados como Asambleísta por la Provincia de Pichincha y Vicepresidente de Comisiones Especializadas en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Ha sido un activo defensor de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, participando en varios grupos parlamentarios y demostrando un compromiso constante con el servicio público y el bienestar de la sociedad. Su dedicación y pasión por el servicio público lo han convertido en un referente en el ámbito legal y político en Ecuador.
