Hoy nos reunimos en este plenario para discutir y aprobar un acuerdo que podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la sobrepesca y la sobreexplotación de nuestros mares y océanos. La enmienda al Acuerdo de Marrakech, que incluye el "Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la O.M.C.", aborda de manera directa uno de los problemas más apremiantes a nivel global: la insostenibilidad de nuestras prácticas pesqueras.
Los océanos cubren el 70% de la superficie de nuestro planeta y albergan millones de especies. Alrededor de 59.5 millones de personas dependen directamente de las pesquerías y de la vida marina para su subsistencia. Sin embargo, esta relación vital con nuestros ecosistemas marinos está en peligro. Datos recientes indican que el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo necesitan ser reconstituidas y que el 34% están siendo pescadas a niveles biológicamente insostenibles.
Esta situación es alarmante no solo desde un punto de vista ecológico, sino también para las comunidades que dependen de los recursos marinos para su supervivencia. Por eso, la importancia de este acuerdo radica en la necesidad de prohibir o eliminar determinadas formas de subsidios que impulsan políticas oceánicas destinadas a proteger tanto los ecosistemas como a las comunidades locales afectadas por el colapso de los mares.
Cada año, los gobiernos destinan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios que aumentan la capacidad pesquera y fomentan diversas formas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Estas subvenciones que se eliminarían o prohibirían son las que contribuyen a la pesca ilegal y a la sobrecapacidad pesquera, de acuerdo con la meta 14.6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe.
La aprobación de este acuerdo ofrece beneficios significativos en tres áreas clave:
1. Seguridad alimentaria de las comunidades locales.
2. Manejo responsable de las pesquerías y los recursos pesqueros.
3. Eliminación del financiamiento para embarcaciones y operadores con infracciones por pesca ilegal, no reglamentada o no declarada.
A su vez, la aprobación de este acuerdo debe ir acompañada de políticas públicas basadas en la ciencia y la tecnología, para que el sector pesquero sea más resiliente ante las crisis económicas, como las provocadas por el cambio climático.
Colegas, debemos pensar en el futuro, en un futuro sostenible, sin banderas políticas ni intereses propios. La pesca sostenible permitirá la conservación de recursos pesqueros abundantes y saludables, en beneficio de todas y todos.
Franklin Omar Samaniego Maigua nació el 2 de septiembre de 1971 en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Desde una edad temprana, demostró un gran interés por el estudio y el aprendizaje, asistiendo a la Pensionado "Olivo" durante su educación primaria y luego al Colegio "San Felipe Neri" para sus estudios secundarios, ambos en su ciudad natal.
Posteriormente, continuó su formación académica en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó como Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, marcando así el inicio de una destacada carrera en el ámbito legal. Complementó su formación con estudios en la Universidad Católica de Cuenca, donde obtuvo su título de Abogado de los Tribunales de la República y más tarde su Doctorado en Jurisprudencia.
La búsqueda constante de conocimiento llevó a a obtener una especialización en Contratación Pública y Administración del Estado en la Universidad Central del Ecuador, así como una Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), consolidando su experiencia en diversos campos del derecho.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en numerosos cursos y seminarios especializados, abarcando áreas como administración de justicia, derecho civil, y legislación relacionada con la gestión pública, entre otros.
Su experiencia laboral incluye roles como Asesor Jurídico en empresas turísticas, Director de Asesoría Jurídica y Gerente en la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo, así como diversas funciones en el ámbito legislativo, donde ha desempeñado roles destacados como Asambleísta por la Provincia de Pichincha y Vicepresidente de Comisiones Especializadas en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Ha sido un activo defensor de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, participando en varios grupos parlamentarios y demostrando un compromiso constante con el servicio público y el bienestar de la sociedad. Su dedicación y pasión por el servicio público lo han convertido en un referente en el ámbito legal y político en Ecuador.
