Queridos ecuatorianos, quiero expresar mi solidaridad con todos los ciudadanos que luchan contra el cáncer, la insuficiencia renal y otras enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Están esperando el tratamiento y la medicación oportuna por parte de la Red Pública Integral de Salud y la Red Privada Complementaria para sobrevivir. También me solidarizo con sus familias, médicos y personal de salud que luchan junto a ellos por el sueño de vivir.
La Asamblea Nacional, en su rol fiscalizador, ha aprobado tres resoluciones importantes para asegurar la transparencia y el cumplimiento de los derechos de los pacientes:
Resolución RL-2025-2025-033: Exhorta al Gobierno y solicita a la Comisión del Derecho a la Salud iniciar el proceso de fiscalización al MSP y al MEF respecto a la falta de pago por el tratamiento de diálisis para personas con insuficiencia renal.
Resolución RL-2023-2025-036: Aprobada el 8 de mayo de 2024, encarga a la Comisión del Derecho a la Salud fiscalizar el accionar del MSP respecto a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación ante el dengue, así como la deuda con SOLCA y las clínicas de diálisis en varias provincias.
Resolución del 27 de mayo de 2024: Solicita a las comisiones del Derecho a la Salud y del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social realizar el seguimiento de los recursos y deudas pendientes del IESS y del MSP, además de solicitar a la Contraloría General del Estado iniciar procesos por el incumplimiento de pagos a SOLCA, clínicas de diálisis y otros prestadores de servicios de salud.
A pesar de estos esfuerzos, aún esperamos respuestas sobre los pagos pendientes a SOLCA y otros prestadores. Al 30 de abril de 2024, la deuda del MSP con prestadores externos ascendía a aproximadamente 673 millones de dólares, de los cuales 417 millones están en espera de presupuesto para el pago. La asignación del POA 2024 fue de 1,009 millones de dólares, pero el MEF aún no ha entregado el presupuesto necesario.
La transparencia en un cronograma de pago es esencial para garantizar que el derecho a la salud se cumpla. Recientemente, el gobierno anunció una asignación de 100 millones de dólares para salud. Queremos saber si esta promesa se ha cumplido, ya que la deuda con los prestadores de servicios de salud es al menos seis veces mayor.
El 25 y 27 de junio, los núcleos de SOLCA en Guayaquil y Quito informaron que suspenderían la atención a derivados del IESS por falta de pago de una deuda de más de 120 millones de dólares. Un acuerdo de pago anunciado el 28 de junio debe ser fiscalizado rigurosamente.
Es imperativo que trabajemos para cumplir con los derechos de los ciudadanos y no para satisfacer intereses particulares o condiciones externas. Exijamos transparencia y compromiso del gobierno para garantizar el derecho a la salud y la vida de todos los ecuatorianos.
Franklin Omar Samaniego Maigua nació el 2 de septiembre de 1971 en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Desde una edad temprana, demostró un gran interés por el estudio y el aprendizaje, asistiendo a la Pensionado "Olivo" durante su educación primaria y luego al Colegio "San Felipe Neri" para sus estudios secundarios, ambos en su ciudad natal.
Posteriormente, continuó su formación académica en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó como Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, marcando así el inicio de una destacada carrera en el ámbito legal. Complementó su formación con estudios en la Universidad Católica de Cuenca, donde obtuvo su título de Abogado de los Tribunales de la República y más tarde su Doctorado en Jurisprudencia.
La búsqueda constante de conocimiento llevó a a obtener una especialización en Contratación Pública y Administración del Estado en la Universidad Central del Ecuador, así como una Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), consolidando su experiencia en diversos campos del derecho.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en numerosos cursos y seminarios especializados, abarcando áreas como administración de justicia, derecho civil, y legislación relacionada con la gestión pública, entre otros.
Su experiencia laboral incluye roles como Asesor Jurídico en empresas turísticas, Director de Asesoría Jurídica y Gerente en la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo, así como diversas funciones en el ámbito legislativo, donde ha desempeñado roles destacados como Asambleísta por la Provincia de Pichincha y Vicepresidente de Comisiones Especializadas en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Ha sido un activo defensor de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, participando en varios grupos parlamentarios y demostrando un compromiso constante con el servicio público y el bienestar de la sociedad. Su dedicación y pasión por el servicio público lo han convertido en un referente en el ámbito legal y político en Ecuador.
