Lamentablemente, desde el ejecutivo se ha fomentado un escenario de confrontación mediática, donde se ha retomado un discurso chantajista que divide a los que están con el pueblo de aquellos que supuestamente están con las mafias. Como miembro de la Asamblea Nacional y parte de la Revolución Ciudadana, quiero expresar mi firme compromiso con la voluntad del pueblo ecuatoriano. Hemos sido responsables desde nuestra Bancada en la Comisión Ocasional, profundizando el debate y propiciado un espacio de análisis responsable y riguroso en el marco de nuestras competencias legislativas.
Es importante recordar que fue el propio ejecutivo quien, para asegurarse el triunfo en la Consulta sobre el incremento de penas, prefirió incluir dicha pregunta en la Consulta Popular en lugar de un referéndum. De haber sido así, habrían estado obligados a presentar los textos específicos a ser aprobados, pero optaron por una pregunta abierta y ambigua.
La pregunta 2 de la Consulta Popular buscó la aprobación ciudadana para incrementar las penas aplicables a una serie de delitos graves debido a la inseguridad en el país. Aunque considero que esta no es la solución definitiva, es necesario que la Asamblea Nacional se pronuncie, respondiendo a la voluntad popular. Ni siquiera en los anexos se incluyó una propuesta de articulado que justificara motivadamente los incrementos de penas propuestos por el presidente.
La solución, queridos compatriotas, no es el simple incremento de penas, especialmente en un contexto donde el sistema de justicia está debilitado y corrupto. Un aumento desproporcionado de las penas, sin un adecuado análisis de dosimetría penal, se aleja del fin de legitimación de la pena y puede incrementar el tráfico de sentencias, complicando aún más la situación.
Tenemos la oportunidad de adecuar la voluntad popular a una normativa legítima y eficaz, que considere tanto el objetivo de la pena como un medio para alcanzar la paz social, como el fin último del Derecho Penal, que es proteger la libertad de actuación de las personas. Incrementar las penas por sí solo no resolverá la crisis de inseguridad que vivimos. Necesitamos una política pública efectiva, un presupuesto eficiente y una acción y voluntad política del Gobierno Central.
La reforma al COIP para endurecer las sanciones, pendiente de un segundo debate, requiere un análisis exhaustivo sobre la pertinencia, efectividad y proporcionalidad de los incrementos de penas propuestos. Para garantizar la voluntad popular, considero necesario ajustar el proyecto para asegurar su ejecutabilidad y pertinencia normativa.
La Corte Constitucional ha señalado que todas las medidas legislativas deben diseñarse y aplicarse dentro de los límites de los derechos y garantías constitucionales. El sistema interamericano de derechos humanos obliga a las autoridades a adecuar la normativa interna al bloque de convencionalidad, armonizando las leyes nacionales con las normas de derechos humanos internacionales.
La ciudadanía ya se ha expresado en las urnas, y su principal preocupación es la inseguridad. La Asamblea Nacional debe ser responsable y no caer en el juego del show político ni del populismo penal. Debemos ofrecer una respuesta efectiva y real al país, complementando la política pública con una inversión social centrada en educación, salud y dignidad.
Franklin Omar Samaniego Maigua nació el 2 de septiembre de 1971 en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Desde una edad temprana, demostró un gran interés por el estudio y el aprendizaje, asistiendo a la Pensionado "Olivo" durante su educación primaria y luego al Colegio "San Felipe Neri" para sus estudios secundarios, ambos en su ciudad natal.
Posteriormente, continuó su formación académica en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó como Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, marcando así el inicio de una destacada carrera en el ámbito legal. Complementó su formación con estudios en la Universidad Católica de Cuenca, donde obtuvo su título de Abogado de los Tribunales de la República y más tarde su Doctorado en Jurisprudencia.
La búsqueda constante de conocimiento llevó a a obtener una especialización en Contratación Pública y Administración del Estado en la Universidad Central del Ecuador, así como una Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), consolidando su experiencia en diversos campos del derecho.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en numerosos cursos y seminarios especializados, abarcando áreas como administración de justicia, derecho civil, y legislación relacionada con la gestión pública, entre otros.
Su experiencia laboral incluye roles como Asesor Jurídico en empresas turísticas, Director de Asesoría Jurídica y Gerente en la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo, así como diversas funciones en el ámbito legislativo, donde ha desempeñado roles destacados como Asambleísta por la Provincia de Pichincha y Vicepresidente de Comisiones Especializadas en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Ha sido un activo defensor de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, participando en varios grupos parlamentarios y demostrando un compromiso constante con el servicio público y el bienestar de la sociedad. Su dedicación y pasión por el servicio público lo han convertido en un referente en el ámbito legal y político en Ecuador.
