Del primer debate acá, la ley no ha tenido mayores adelantos, se acogieron pocas sugerencias de los sectores que fueron recibidos, como de los licoreros, y de los deudores de buena fe, puntos que son importantes para dichos sectores.
No se han tomado en cuenta observaciones importantes, por ejemplo todo lo relativo al anticipo de impuesto a la renta, que distorsiona gravemente la tarifa impositiva que se aplica a las sociedades, restando su liquidez, y afectando la seguridad y estabilidad jurídica que las empresas buscan antes de invertir.
Se mantiene la disposición transitoria que da un plazo de un año a los jueces del Contencioso Fiscal para resolver y dictar sentencia en los procesos a su cargo con el sistema escrito. Esta disposición transitoria fue eliminada en el borrador de informe previo a la reunión de Comisión para segundo debate.
Sin embargo, minutos antes de la reunión de la comisión volvieron a incorporar, sin conocimiento del resto de asambleístas, y a pedido del SRI, según se afirmó en la comisión. ¿Quien legisla? ¿el SRI o la asamblea?
Esta disposición no responde a un análisis técnico, no se ha establecido cuántas causas del sistema escrito están pendientes y tampoco se ha hecho un análisis de la situación de los tribunales contenciosos fiscales y de las problemáticas que viven los jueces en el desempeño de sus funciones. Es indiscutible que el despacho de las causas rezagadas conviene tanto a la administración tributaria como a los contribuyentes, pero establecer plazos y sanciones nunca ha ayudado a que los juzgados despachen con eficiencia y sobretodo en DERECHO, con calidad jurídica. Solicité que esta disposición sea eliminada por absurda e improcedente, ya que significa seguir metiendo mano a la justicia; y además presenté varias alternativas para que por lo menos se la mejore, desde que se les provea a los jueces de los recursos humanos y materiales, a que se tornen jueces unipersonales, durante ese año para que puedan despachar las causas. Sin embargo la disposición se mantiene como el SRI quiere que se mantenga.
El SRI exige que se despachen las causas, marcando presión a través de disposición transitoria. ¿Por qué no se preocupa también de despachar las consultas y los recursos de revisión pendientes, que no lo ha hecho desde hace más de un año?
¿Por qué no se incorpora una disposición, que también solicité, para que se otorgue al SRI un plazo para que despache todas las consultas que tiene represadas?
Insisto en que esta disposición transitoria debe eliminarse.
A pesar de que en la Comisión se puso un freno a las pretensiones del SRI para ampliar desmesuradamente sus facultades, por ejemplo en la ampliación de plazos de caducidad y de prescripción, extensión de responsabilidad de socios y accionistas; en el texto del proyecto de ley, se mantienen varias disposiciones que dan facultades exorbitantes al SRI, como las disposiciones generales Cuarta y Séptima, que deben ser eliminadas.
La disposición general cuarta pretende obligar a todos los Gobiernos autónomos descentralizados, registros de la Propiedad y otras instituciones a dar acceso al SRI y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico a la información de catastro y ordenamiento territorial, en la forma, plazos y condiciones que la AT Central lo establezca. Esta información de hecho ya es entregada por las instituciones, pero que el SRI establezca forma y plazos es desconocer la autonomía de los GADS, e incluso las posibilidades de cada uno de ellos. Esta imposición ni siquiera ha sido consultada con la asociación de municipalidades, ni con las otras instituciones.
La Disposición general Séptima, le da facultad al SRI para establecer estándares de la debida diligencia tributaria. Estos estándares evidentemente se convierten en deberes de los contribuyentes, los cuales necesariamente tienen que constar en LEY, y no pueden estar sujetos al arbitrio de la administración tributaria.
Solicito expresamente se eliminen estas dos disposiciones generales.
Una de las cosas positivas que contenía el proyecto remitido por el Presidente de la República era la eliminación del dinero electrónico y de su manejo por el Banco Central, propuesta basada en una realidad evidente: tras tres años de su implementación, eso no funciona, porque nadie confía en la autonomía e independencia del Banco Central, porque no cuenta con medios para garantizar los depósitos. Una “moneda electrónica” nunca fue bien recibida por la percepción ciudadana, y eso no cambia por imposición de ley.
Esta parte del proyecto se mantuvo hasta la mañana del segundo debate en la comisión, y fue retirado no por decisión de la comisión, sino por decisión del partido oficialista; y lo peor, no por temas de fondo sino por el discurso anti bancos. Señores, si ustedes creen que pasar la vida atacando a los bancos gana adeptos, están muy equivocados, ese discurso ya se agotó.
Y bueno, por este capricho se eliminó todo el capítulo de medios electrónicos de pago. Quien es el único afectado, el país, nuestro país al que le cuesta, según los datos del mismo Banco Central 12 millones de dólares al año traer los billetes.
El trabajo de los asambleístas de la comisión y del equipo de presidencia ha sido intenso, como ya se ha dicho. Sin embargo, siempre nos quedará la duda de si este trabajo ha valido la pena. ¿Cuántas plazas de trabajo vamos a generar con esta ley? Muy pocas en el mejor de los casos. ¿Vamos a mejorar la inversión, la producción, el turismo, el progreso social? Continuamos en el mismo círculo vicioso de aplastar a la empresa, para subir la recaudación, perjudicando siempre a los ciudadanos.
Como asamblea nacional, estamos obligados a exigir al equipo económico que sea más consecuente y entienda que el modelo económico que se ha utilizado solo ha demostrado ser perjudicial para el país. Insto a quienes manejan nuestra economía a tener apertura a modelos de gestión económica, que permitan dinamizar la economía desde el sector privado, cuidando, por supuesto, a la población más necesitada del país.
No podemos seguir pensando que la única manera de financiar al estado, y hoy por hoy pagar la cuenta de la “mesa servida” es exprimir con más impuestos y cargas tributarias al sector productivo del país. Si el sector privado crece, crecemos todos.
Son la empresa privada y el sector productivo quienes sacarán adelante al país. Es momento de reconciliación, de reconocer que el modelo falló.
Exhorto al Presidente Moreno, al ministro de la Torre, y al nuevo equipo económico a entender que el Ecuador ya no puede seguir con más de lo mismo, que necesitamos un verdadero plan económico a largo plazo, con medidas sustentadas en una visión de bienestar común y no en ideologías partidistas o clientelares.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión Del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control | Movimiento - SUMA Visita mi Perfil
