Objetivo
Establecer una agenda legislativa que permita dar cumplimiento a las garantías y derechos señalados
en el texto constitucional, que asegure el goce del derecho a la salud, participación, educación, cultura,
recreación y deporte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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En el marco del tratamiento del Código Orgánico de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de la Niñez, Adolescentes y Jóvenes, este lunes 10 de Agosto, efectuó el seminario web: “Niñez Primero: Relaciones Familiares, Patria Potestad, Tenencia y Régimen de Protección Económica”.
En la cita virtual, que concitó el interés de más de 600 participantes, estuvieron como ponentes, expertos, académicos, legisladores, juristas y representantes de la niñez y adolescencia. Fue el legislador Franklin Samaniego, presidente del Grupo Parlamentario, el encargado de enfatizar la labor de estos ciclos de conferencias con la participación de actores involucrados en las distintas temáticas que tratan puntos relevantes contenidos en el Código.
El coordinador de la Maestría en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona (España) y presidente de los Congresos Mundiales por la Infancia, Carlos Villagrasa, fue quien abrió esta jornada de ponencias y se refirió a la diversidad familiar, la tenencia como un derecho de la niñez. Señaló que este grupo poblacional sigue siendo vulnerable, de este modo, la norma debe ser más clara y específica.
La legisladora Verónica Arias, miembro de la Comisión Ocasional para atender temas y normas de Niñez y Adolescencia, habló sobre el trabajo de la Comisión en lo que respecta a la generación del nuevo Código Orgánico que fortalecerá el sistema de protección de la niñez y adolescencia en el Ecuador. El instrumento normativo es de avanzada, sentenció la legisladora al referenciar la situación actual de los menores en el marco de la pandemia.
Sobre la tenencia compartida dijo que en el país existe, a través un acuerdo mutuo entre los progenitores y por acción judicial, si no se da ese acuerdo, se establecen otras acciones que no perjudiquen los derechos de los niños y adolescentes. El ejercicio de la tenencia no es lo mismo que el régimen de visitas, aclaró. El Código prevé, promover el acuerdo entre los progenitores a través de reglas claras y no por imposición judicial.
Sobre el tema de protección económica, manifestó que dentro del debate en la Asamblea Nacional, este tema fue ampliamente discutido, al aseverar que existen las garantías para que la protección sea ampliada hasta los 24 años o mientras cursen sus estudios secundarios o superiores. La legisladora explicó que las pensiones alimenticias, de casi un millón de niños, el 84 % recibe pensiones alimenticias por debajo de los 120 dólares, por ello se deben cumplir con lo que manda el interés superior del niño.
Solanda Goyes, del Consejo de la Judicatura y directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, dijo que dentro de los operadores de justicia, si bien es cierto la norma es perfecta para ciertos casos, la casuística podría presentar sesgos así como otras interpretaciones por la gran cantidad de procesos existentes.
Dijo que es necesario el cambio de los patrones de comportamiento adultocentristas y las desigualdades sociales existentes deben ser traducidos en la legislación para tener una norma más clara y de fácil aplicación por parte de los operadores de justicia.
Isaac, adolescente de 15 años, se refirió al conflicto parental como un perjuicio a los niños y adolescentes. Señaló que el sistema de protección económica es un derecho para este grupo poblacional por lo que esta debe ser garantizada.
Por su parte, Romel Paguay, colaborador del Laboratorio Jurídico de la Universidad Indoamérica manifestó que los planteamientos del Código son beneficiosos para la niñez y adolescentes. Sobre la pensión alimenticia, en relación a las cifras, dijo que se debe mejorar la aplicación de las mismas para que esta asistencia sea adecuada para el niño y adolescente.
Finalmente, Juan Martín Pérez, coordinador de la iniciativa regional Tejiendo Redes Infancia, recogió los aportes de todos los ponentes. Señaló que al conflicto parental como un canalizador de acciones violentas y que afectan psicológicamente e implican problemas en los menores. Manifestó que debe existir la responsabilidad ética, legal y humana de la paternidad y separar el conflicto de pareja, estas acciones están por sobre el vínculo materno y paterno, en favor de los hijos e hijas.
