En el debate del proyecto de Ley Solidaria y de Corresponsabilidad, se planteó definir una comisión especial de la Asamblea Nacional para control y seguimiento de ayuda solidaria; que cada 6 meses se realice la auditoría por parte de la Contraloría General del Estado; la creación de un Fondo Nacional; trabajo para los manabitas; y que el ministerio de Finanzas cancele las deudas de las personas naturales y jurídicas damnificadas.
Asambleístas de las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos que también resultaron afectadas por el terremoto pidieron que se incluya a estas jurisdicciones en los beneficios de la ley
