El legislador Diego Vintimilla, responsable de la subcomisión que evaluó la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), oficializó la presentación de un conjunto de 33 reformas a esta normativa.
Tras recordar que el cuerpo legal cumplirá, en los próximos días, seis años de vigencia, el parlamentario azuayo habló de la necesidad que la universidad tenga un rol de mayor vinculación con la colectividad.
También se mostró partidario de fortalecer la democracia interna, lo que supone una mejora cualitativa y cuantitativa del acceso y conformación de los organismos de cogobierno, así como de los órganos colegiados en donde se toman las decisiones de las universidades.
Regulación de aranceles
Anunció que se acogió la inquietud de los gremios de estudiantes en cuanto a la regulación clara y expedita de aranceles, a fin de eliminar cualquier forma de lucro en las universidades particulares, la salida de capitales a empresas en paraísos fiscales o la evasión tributaria.
Creemos que es importante que, en el marco de la autonomía universitaria, las instituciones puedan tener mecanismos de manejo autónomo de los recursos generados por autogestión y que, a su vez, estos recursos tengan un destino claro: la investigación y el incremento del patrimonio institucional, para evitar cualquier forma de lucro o desvío de estos capitales, precisó.
Régimen laboral
Bajo el entendido que las universidades responden al interés público, que la educación superior es un servicio público, Vintimilla sugirió que el régimen laboral sea igual tanto en universidades particulares cuanto en las públicas, cumpliendo el principio de igual trabajo igual remuneración.
En lo que refiere al tema PhD, que es un grado académico obligatorio para convertirse en profesor principal, requisito que se debe cumplir hasta el 2017, se podría establecer una salvedad para los maestros que están a 10 años de jubilarse, expresó.
Rendición de cuentas
Diego Vintimilla planteó, además, que haya una rendición de cuentas con espacios de evaluación, seguimiento y control por parte del Consejo de Educación Superior (CES); que la asamblea de educación superior tenga un delegado permanente en las sesiones del CES y del Consejo de Evaluación y Acreditación para efectivizar una articulación y diálogo entre la institución y los organismos de control.
