Esta mañana, en el Pleno de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, posesionó a los nuevos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Los jueces cumplirán un período de seis años. Cada tres años se realiza la renovación parcial, dos jueces en la primera y tres en la segunda.
Vicente Cárdenas Cedillo y Mónica Rodríguez se posesionaron como jueces principales, mientras que Arturo Cabrera, Patricia Guaicha y Graciela Suárez tomaron posesión de sus cargos como jueces suplentes. Ellos fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) tras los resultados del concurso de méritos y oposición ciudadana, el pasado 31 de octubre.
Los postulantes llegaron de diversos sectores y se hizo mediante concurso público. Se tomó en cuenta la paridad entre hombres y mujeres, alternabilidad e interculturalidad, según establece la Constitución de la República. Además la inclusión de un juez o jueza de pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano o montubio.
Los nuevos jueces reemplazan a Angelina Veloz Bonilla y Guillermo González Orquera, quienes dejaron el cargo por sorteo, en la primera renovación parcial del organismo, en cumplimiento del artículo 220 de la Constitución de la República del Ecuador. El proceso se desarrolló mediante un concurso público, con veeduría e impugnación ciudadana.
El Pleno de la Legislatura conoció y aceptó la renuncia que presentó el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva. El funcionario comunicó que se postulará nuevamente para el concurso de méritos y oposición que designará a la primera autoridad de esta institución.
“Consciente que mis funciones concluirían formalmente el 15 de diciembre, pero convencido que la mejor manera de participar es no mantener ningún vínculo con la institución cuya titularidad entra en concurso, solicito formalmente al Pleno se sirva aceptar mi renuncia al cargo de Defensor del Pueblo que he ejercido desde el 15 de diciembre de 2011”, dice la misiva enviada a la Asamblea.
En el escrito, el Defensor resaltó que ha desempeñado el cargo atendiendo irrestrictamente el mandato y competencias constitucionales y legales, de manera transparente y siempre en función de las necesidades de la población, especialmente de las personas y colectivos que, por cualquier circunstancia, se han visto en una situación de vulnerabilidad o exclusión.
La convocatoria para este concurso se publicó el pasado 31 de octubre y, según Rivadeneira, aunque podría acogerse a la figura de licencia sin remuneración, ha optado por renunciar a sus funciones. Citó al artículo 210 de la Constitución que en el tercer inciso señala que “quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos”, disposición que aplica, entre otras autoridades, al cargo de primera autoridad de la Defensoría del Pueblo.
