Hoy, en la sesión 939 del pleno de la Asamblea Nacional, hemos logrado un avance crucial en el fortalecimiento de la seguridad y justicia en nuestro país. Con 132 votos a favor, la Asamblea aprobó por unanimidad las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio, en respuesta a la consulta popular. Esta es una victoria para todos los ecuatorianos, ya que las nuevas medidas fortalecerán nuestro sistema judicial y permitirán combatir con mayor eficacia la delincuencia organizada y los actos de corrupción que afectan la vida de los ciudadanos.
Las reformas aprobadas incluyen un incremento de penas para 13 delitos graves, entre los cuales se encuentran el narcotráfico, la extorsión, el lavado de activos, y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada. Estas modificaciones se han diseñado para hacer frente a la creciente inseguridad que vivimos en algunas zonas del país y garantizar que los responsables de estos actos sean debidamente sancionados. La decisión de aumentar las penas responde a un clamor popular de que necesitamos un sistema de justicia más riguroso, que no solo castigue a los delincuentes, sino que también disuada la comisión de estos delitos.
Como asambleísta, estoy convencida de que la reforma al COIP y a la Ley de Extinción de Dominio es una de las acciones más importantes que podemos tomar para garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. La delincuencia y la corrupción no pueden quedar impunes, y es nuestra responsabilidad como legisladores establecer las herramientas necesarias para que el sistema de justicia sea eficaz. Estas reformas, que surgen de un mandato popular claro, son el reflejo de un Congreso que escucha las necesidades del pueblo y responde con acciones concretas que buscan un Ecuador más seguro y más justo.
En mi trabajo desde la Asamblea, siempre he creído en la importancia de fortalecer las instituciones del Estado, particularmente en el ámbito de la seguridad y la justicia. Con estas reformas, no solo estamos incrementando las sanciones para quienes cometen estos delitos, sino que también estamos dando un paso hacia la recuperación de bienes que han sido obtenidos ilícitamente, a través de la Ley de Extinción de Dominio. Esta ley permitirá que los recursos provenientes de actividades ilegales sean confiscados y puestos a disposición del Estado, para ser utilizados en beneficio de la ciudadanía, en programas sociales y de desarrollo.
Hoy hemos dado un paso firme hacia un Ecuador más seguro, donde la justicia sea más efectiva y los delincuentes no tengan cabida. Las reformas aprobadas reflejan nuestro compromiso con la democracia y con el fortalecimiento de las instituciones que nos permiten vivir en un país más justo. Reafirmo mi compromiso como asambleísta en seguir trabajando por la seguridad y el bienestar de todos los ecuatorianos, con acciones concretas que realmente transformen la realidad de nuestro país. ¡Avanzamos hacia un Ecuador donde la justicia prevalezca y donde podamos vivir en paz y armonía!