Hoy, en la sesión N.º 947 de la Asamblea Nacional, presentamos el informe para el primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Este es un tema de suma importancia, ya que estamos dando un paso fundamental hacia la consolidación de un sistema judicial más robusto, independiente y accesible para todos los ciudadanos. Como asambleísta, es un honor participar en la construcción de leyes que refuercen nuestras instituciones y protejan los derechos constitucionales de los ecuatorianos.
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional tiene como objetivo principal garantizar que los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos sean protegidos por el sistema judicial. Este proyecto busca establecer mecanismos más efectivos para el control de la constitucionalidad de las leyes y actos del Estado, asegurando que ninguna acción de gobierno, ni ninguna normativa, contravenga los principios establecidos en nuestra Constitución. Además, buscamos fortalecer los instrumentos que permiten a los ciudadanos recurrir al sistema judicial cuando se vean vulnerados sus derechos, asegurando un acceso más expedito y eficaz a la justicia.
En este primer debate, se discutieron aspectos clave del proyecto, como la creación de un sistema de control más accesible y eficiente, que permita a los ciudadanos y a las organizaciones sociales interponer acciones de protección o de inconstitucionalidad de manera más ágil. El objetivo es lograr una justicia más rápida, con menos obstáculos burocráticos, que permita una mejor defensa de los derechos humanos en todos los niveles de gobierno. Como asambleísta, estoy comprometida con la implementación de un sistema judicial que sea accesible y justo para todos, sin importar su estatus económico o social.
Además, el proyecto también busca fortalecer el papel de la Corte Constitucional, dándole mayores herramientas y recursos para llevar a cabo un control de constitucionalidad efectivo. Esta reforma busca hacer más transparente y predecible el proceso judicial, aumentando la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de velar por la aplicación de la Constitución. Con estas reformas, pretendemos que las decisiones judiciales sean más consistentes y estén alineadas con los principios fundamentales de nuestra democracia.
Finalmente, quiero resaltar que esta ley es el resultado de un trabajo colectivo, en el que hemos escuchado diversas opiniones de expertos, juristas y organizaciones sociales. Como asambleísta, me comprometo a seguir trabajando con responsabilidad y dedicación para que este proyecto se convierta en una herramienta efectiva para garantizar la justicia y la protección de los derechos en Ecuador. En los próximos debates, seguiremos analizando y ajustando el proyecto para que cumpla con las expectativas de todos los ecuatorianos. Con esta ley, avanzamos hacia un país más justo, donde el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos sean una realidad para todos.