Hoy, en la Sesión N.º 951 del Pleno de la Asamblea Nacional, se aprobó con 91 votos afirmativos el Informe de Fiscalización e Investigación sobre la situación de la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de la provincia de Santa Elena. Esta aprobación es un paso importante en el proceso de garantizar que los derechos de nuestras comunidades y la preservación de nuestro entorno natural sean respetados y protegidos. Como asambleísta de esta región, me siento profundamente comprometida con la defensa de nuestras comunas y sus derechos.
En este informe se abordaron diversos hechos y actos que afectan negativamente a la comuna de Olón, en particular, y a otras comunidades de la provincia. A través de este proceso de fiscalización, hemos podido identificar problemas relacionados con el manejo de los recursos naturales y el impacto que ciertas actividades humanas están teniendo en los ecosistemas locales. La situación de la comuna de Olón es un ejemplo claro de cómo la falta de control y la desregulación pueden poner en peligro tanto el bienestar de las comunidades como el equilibrio ambiental de la zona.
Uno de los puntos clave que se trató en la sesión fue la necesidad urgente de implementar políticas más estrictas de protección ambiental, especialmente en áreas como Santa Elena, que son vitales para la biodiversidad del país. La Asamblea Nacional, como ente fiscalizador, tiene la responsabilidad de asegurar que las actividades económicas en estas regiones no perjudiquen de manera irreversible el medio ambiente ni violen los derechos de las comunidades locales. Este informe es un llamado de atención para que se tomen medidas efectivas y se prevengan futuros daños.
Además, el informe resalta la importancia de garantizar los derechos colectivos de las comunidades, quienes tienen el derecho de ser escuchadas y de participar en la toma de decisiones que afecten su territorio y su vida diaria. Como asambleísta, estoy convencida de que debemos fortalecer la participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones, para que las comunidades puedan proteger sus tierras y recursos de manera efectiva. El respeto a la consulta previa y a los derechos indígenas y locales debe ser una prioridad para todos nosotros.
Finalmente, quiero agradecer a todos los actores involucrados en este proceso de fiscalización, desde las autoridades locales hasta los miembros de las comunidades que participaron activamente en la denuncia de estos hechos. Este informe es un paso hacia la justicia y la reparación para las comunidades afectadas. Seguiremos trabajando en la Asamblea Nacional para garantizar que la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades sean siempre una prioridad. La lucha por un Ecuador más justo y sostenible continúa.
Asambleísta por la provincia del Guayas 2
