Hoy, en la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, celebramos un importante avance en el camino hacia la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. En nuestra sesión ordinaria N°100, aprobamos el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad. Este es un paso fundamental para garantizar una vida digna, plena y sin discriminación a este sector de la población.
Como asambleísta comprometida con los derechos humanos, me siento orgullosa de que, después de un trabajo arduo y consensuado, estemos acercándonos a la aprobación de una ley que mejorará sustancialmente las condiciones de vida de las personas con discapacidad en Ecuador. Esta ley tiene como objetivo fortalecer la inclusión social, el acceso a servicios básicos, y mejorar la calidad de vida de miles de ecuatorianos que, a lo largo de los años, han enfrentado barreras físicas, sociales y económicas.
A través de esta reforma, se busca garantizar el acceso a la educación, al empleo y a la salud sin ningún tipo de discriminación. También se propone un sistema de apoyo integral, que brinde las herramientas necesarias para la autonomía de las personas con discapacidad, asegurando su participación activa en todos los ámbitos de la vida social, política y económica del país. Con esta ley, la igualdad de oportunidades será una realidad para quienes más lo necesitan.
Uno de los aspectos que más destacó en esta discusión fue el compromiso de todas las partes involucradas: organizaciones de la sociedad civil, representantes de las personas con discapacidad, y las instituciones públicas. Este trabajo conjunto nos ha permitido presentar un proyecto de ley que responde a las verdaderas necesidades de esta población, con el objetivo de eliminar la discriminación estructural que, lamentablemente, aún persiste en muchas áreas de nuestra sociedad.