Como asambleísta por nuestra provincia, estoy convencido de que las decisiones económicas del Estado deben partir de una comprensión real y actualizada de la realidad insular.
Hoy, el IPCEG no refleja adecuadamente el costo de vida en Galápagos, y eso está afectando directamente a los sueldos, asignaciones presupuestarias y calidad de vida de nuestra gente.
Solicité que se revise la metodología del IPCEG, que se actualice la canasta de bienes y servicios según el consumo actual del archipiélago, y que se establezca un calendario anual de publicación con base en estándares internacionales. Además, propuse que se presente un informe técnico ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, para garantizar transparencia y seguimiento.
Mi compromiso es claro: seguiré impulsando herramientas que reflejen con justicia nuestra realidad económica y social, porque Galápagos no puede seguir siendo medido con las mismas reglas del continente.
Asambleísta por la provincia de Galápagos
