El 28 de junio pasado, la Asamblea Nacional acogió las ocho observaciones del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOTUS). El Presidente de la República realizó cambios, principalmente al artículo 14, relacionado con la formulación y actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial: recomendó que el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo se ajuste a las necesidades locales. De esta nueva Ley, sus aportes y contenido hemos hablado con los medios de comunicación durante esta semana. Otra de las objeciones del Ejecutivo se relaciona con el control de la habitabilidad: los GAD municipales aprobarán planos pero también harán un seguimiento a las construcciones. Sin embargo, el gobierno puede verificar que la obra terminada cumpla las normas aplicables y disponer las medidas pertinentes. La Ley, además, contempla que las normas se ajusten a las diferentes realidades del país.
¿Por qué el Ecuador ha carecido de una Ley como esta? Sin duda, el impacto de los desastres naturales hubiera sido muchísimo menor. Las consecuencias del terremoto del 16 de abril no hubiesen sido tan devastadoras, decenas de vidas se hubiesen salvado. Si se realizasen estudios técnicos para permitir asentamientos poblacionales, los gravísimos problemas de deslaves y desbordamientos en Alluriquín no fuesen tan desoladores. El ordenamiento territorial, el uso y la gestión del suelo son urgentes en el país y la LOTUS lo permite. El control de construcciones no puede ser deficiente, las normas de edificación de viviendas y de infraestructura turística, comercial, financiera u hospitalaria no pueden seguir incumpliéndose.
La Ley de Ordenamiento Territorial sienta las bases para garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho a edificar bajo normas técnicas y también inicia un proceso de regularización de predios informales y, de ser necesario, la reubicación de aquellos que se encuentran en zonas de riesgo. Santo Domingo de los Tsáchilas tiene decenas asentamientos humanos informales y de poblaciones enteras habitando en zonas de riesgos. La LOTUS es de especial importancia para la provincia. Alluriquín, por ejemplo, tiene a 90% de sus pobladores en zona de riesgo. La Ley establece procesos de Declaración de Zonas Especiales de Interés Social para la reubicación de personas que se encuentren en zonas de riesgo. Sin embargo, es importante determinar un protocolo de acción y los procedimientos para abordar casos como este en todo el país porque requieren un tratamiento especial que debe incluir procesos de expropiación y adjudicación, que tomen en cuenta la capacidad de pago y la condición socioeconómica de los beneficiarios.
Asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas | Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político e Integrante de la Comisión De los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social | Movimiento Patria Altiva i Soberana
