La desnutrición crónica infantil continúa siendo uno de los problemas estructurales más persistentes del Ecuador, con impactos profundos en el desarrollo humano, la salud pública y la desigualdad social. Aunque el país ha implementado múltiples políticas y programas durante las últimas décadas, los niveles de este tipo de malnutrición siguen siendo elevados, especialmente en zonas rurales, indígenas y amazónicas.
En este contexto, el asambleísta Fernando Nantipia presentó ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Malnutrición en el Ecuador, con el objetivo de introducir un enfoque territorial diferenciado que permita atender de manera específica las condiciones de la región amazónica.
Un problema nacional con rostros territoriales
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI) 2023–2024, la desnutrición crónica infantil afecta al 19,3% de los niños y niñas menores de cinco años a nivel nacional, una cifra que, aunque representa una leve reducción frente a décadas anteriores, mantiene a Ecuador entre los países con mayor prevalencia en América Latina.
Las cifras se agravan en territorios rurales e indígenas. En comunidades indígenas, la prevalencia alcanza el 33,4%, mientras que en la Amazonía provincias como Pastaza y Morona Santiago registran índices significativamente superiores al promedio nacional, especialmente en niños menores de dos años.
El acceso limitado a agua potable segura, saneamiento básico y servicios de salud, así como la pobreza estructural y el aislamiento geográfico, son factores que inciden directamente en la persistencia del problema. En la Amazonía rural, por ejemplo, casi tres de cada cuatro niños consumen agua contaminada con Escherichia coli, lo que incrementa la incidencia de enfermedades diarreicas y afecta la absorción de nutrientes esenciales.
La propuesta presentada por Fernando Nantipia
El proyecto de ley impulsado por el asambleísta Fernando Nantipia plantea reformas puntuales a la normativa vigente, sin crear nuevas partidas presupuestarias, pero orientando de manera más eficiente los recursos existentes mediante una planificación intersectorial y territorial.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un Plan Estratégico Intersectorial con enfoque territorial, que considere las condiciones culturales, geográficas, socioeconómicas y sanitarias de cada región del país. Aunque la iniciativa pone especial atención en la Amazonía, el texto establece que el enfoque diferenciado debe aplicarse también a otros territorios con altos índices de desnutrición.
El proyecto plantea, además, que este plan sea formulado en los primeros seis meses de cada período presidencial, con metas e indicadores específicos por región, y con participación activa de las comunidades beneficiarias, incluyendo pueblos y nacionalidades indígenas.
Agua, saneamiento y corresponsabilidad familiar
Otro aspecto relevante de la propuesta es la reforma a la Ley de la Circunscripción Territorial Amazónica, que obligaría a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales a destinar al menos el 50% de los recursos del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico a infraestructura de agua potable, alcantarillado, manejo de desechos y saneamiento ambiental.
El proyecto también incorpora el principio de corresponsabilidad familiar, reconociendo el rol de padres, madres y cuidadores en la nutrición infantil, pero estableciendo que esta responsabilidad debe estar acompañada por el Estado mediante servicios de salud, nutrición, educación inicial y protección social, con pertinencia cultural y respeto a los saberes ancestrales.
Un enfoque estructural a un problema persistente
Entre 1993 y 2021, Ecuador implementó al menos una docena de programas relacionados con salud y nutrición. Sin embargo, la reducción de la desnutrición crónica infantil ha sido limitada. La propuesta presentada por Nantipia parte del diagnóstico de que la falta de coordinación interinstitucional, el débil seguimiento técnico y la ausencia de enfoques territoriales han limitado el impacto de las políticas públicas anteriores.
De aprobarse, la reforma buscaría fortalecer los mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación, con revisiones periódicas y ajustes basados en evidencia técnica y diagnósticos actualizados.
Mientras el proyecto inicia su trámite legislativo, el debate vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave para el país: cómo traducir el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación, la salud y el agua en políticas efectivas que respondan a las realidades diversas del territorio ecuatoriano.
Asambleísta por la provincia de Morona Santiago
