En el marco de la Sesión N.º 004 de la Comisión Permanente Especializada de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, participamos en el análisis y deliberación que concluyó con la calificación del juicio político a la vocal principal del Consejo de la Judicatura, Narda Solanda Goyes Quelal.
La decisión fue adoptada con seis votos a favor y cuatro abstenciones, tras verificar que la solicitud presentada por el asambleísta Roberto Fernando Jaramillo Martínez cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución de la República y los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Hechos que motivaron la solicitud
Durante la sesión, se analizó la actuación de la vocal Goyes Quelal en la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del 16 de abril de 2025. Según el informe, la funcionaria abandonó la sesión de forma abrupta e injustificada, pese a que existía quórum reglamentario, impidiendo así continuar con la deliberación y votación del Reglamento para la Selección de Jueces Constitucionales.
Este hecho fue considerado una vulneración a los principios de responsabilidad institucional y cumplimiento de funciones, establecidos en la Constitución.
Fiscalización técnica y con apego al debido proceso
Durante la sesión se determinó la existencia de elementos suficientes que demuestran la procedencia de las causales para dar paso al juicio político contra la mencionada vocal del Consejo de la Judicatura.
Asimismo, la Comisión conoció el oficio del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual se certifica que se encuentran en marcha procesos electorales en la provincia de Morona Santiago, lo que impide, por disposición legal, reactivar juicios políticos contra los vocales del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral mientras exista un proceso electoral vigente.
Compromiso con la transparencia
Desde mi rol como asambleísta por Pastaza, reafirmo que la fiscalización debe ejercerse con responsabilidad, justicia y respeto a la institucionalidad.
El control político no puede ser utilizado como herramienta de persecución, sino como un instrumento legítimo para garantizar que las autoridades cumplan con sus deberes en beneficio del pueblo ecuatoriano.
Desde la Amazonía, continuaremos promoviendo una fiscalización técnica, objetiva y con visión de país, porque la transparencia y la ética son los cimientos de una verdadera democracia.
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Asambleísta por la provincia de Pastaza
