La Comisión Aampetra convocará para la próxima semana al ministro de Educación, Fander Falconí y al Fiscal General del Estado, encargado, Paúl Pérez Reyna, para que informen el avance de los casos judicializados respecto a denuncias sobre abuso sexual a menores de edad en unidades educativas.
La concurrencia de los funcionarios fue por pedido del legislador Juan Cárdenas, debido a nuevas denuncias de abuso que fueron expuestas en la comisión, por parte de padres y madres de familia, quienes advirtieron que tienen miedo a retaliaciones por hacer púbicos los casos de abuso.
La presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, escuchó el pedido de justicia por parte de la madre del niño abusado y pidió informes a los delegados de las entidades que participan en este orgaismo.
Solicitó que el Ministerio de Salud asesore a los afectados con ayuda profesional; al Ministerio de Educación un reporte de los casos de violación; a la Fiscalía un informe de los avances de los procesos de judicialización y seguimiento; al Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Consejo de la Judicatura que informen sobre los 2.673 casos que se han denunciado y formalizado con denuncias.
Así mismo, en la reunión continuó el análisis del informe sobre las reformas para fortalecer la protección a la niñez y adolescencia que presentó el Ministerio de Justicia. La comisión hizo observaciones y recomendaciones que permitan erradicar y controlar los abusos sexuales y sancionar a los responsables de estos execrables hechos y no queden en la impunidad.
De su lado, los familiares de las víctimas expresaron que les preocupa que no se dicten las medidas pertinentes para evitar el abuso, ya que en los últimos siete meses se han presentado otros 10 casos en diferentes escuelas de Quito.
Alexandra Funnes, defensora de la madre y niño afectado, tras explicar que el Código Orgánico Integral Penal (Coip) sanciona el abuso sexual a menores con pena privativa de la libertad de 7 a 13 años, sostuvo que en estos casos no se puede aceptar aceptar que el agresor o violador se acoja al procedimiento abreviado, con lo que la pena sería de 8 meses a 2 años.
A su criterio, esta pena debe ser acumulativa hasta 40 años y que no haya la posibilidad de rebajas por buen comportamiento.
RD/pv
Asambleísta por la provincia de Cañar| Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales | Visita mi Perfil
