La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este martes, 14 de octubre, recibió aportes al proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario. En este ámbito, escuchó al asambleísta Francisco Cevallos Macías, proponente de una iniciativa para regular al sector agrícola y pecuario del Ecuador, quien subrayó la necesidad de dar las herramientas jurídicas al Ejecutivo para proteger la actividad productiva, particularmente a favor de los pequeños y medianos agricultores.
El legislador Cevallos explicó los alcances de su proyecto de reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, a fin de garantizar el progreso del 34.3 % de la población que está involucrado en actividades agrícolas y mejorar sus condiciones de vida, porque en la actualidad el ingreso promedio de quien trabaja en el campo alcanza apenas los 260 dólares al mes, muy por debajo de los 470 dólares que corresponde al salario básico unificado de cada trabajador.
Indicó que las reformas propuestas propenden a mejorar la producción y la productividad; incrementar valor agregado a la producción; aumentar las exportaciones; fortalecer las normas de asociación en el sector agrícola; y promover una comercialización justa. Añadió que se trata de un proyecto trabajado con varios agricultores y organizaciones agrícolas, sobre todo para proteger a los pequeños y medianos productores, como también permitir que los jóvenes encuentren en la agricultura una real oportunidad de vida y no vean en el campo un obstáculo para su desarrollo personal y profesional.
Centro Agrícola de Lago Agrio
Igualmente, recibió a Ubilson Guayanay Torres, presidente del Centro Agrícola de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, quien explicó la dura situación que atraviesa el sector productivo de la región Amazónica. Aseguró que el objetivo de su asociación es buscar mecanismos que permitan recuperar a esta importante zona del país del fenómeno de la migración e incentivar a que los jóvenes se queden en el campo y contribuyan al mejoramiento de los sistemas de producción.
Consideró necesario que de los recursos que recuperará el Estado con la eliminación del subsidio al diésel se destine una parte a la reactivación del sector productivo, en todas sus modalidades, para que el agricultor sea competitivo y pueda recuperar su economía y, por ende, mejore sus condiciones de vida.
Juan Marco Gonzaga Salazar es abogado de profesión, con una sólida formación jurídica y un compromiso firme con la justicia social, la equidad territorial y la defensa de los derechos ciudadanos. Su trayectoria pública y privada se ha forjado durante más de dos décadas de servicio al país, especialmente en la región amazónica, desde donde ha impulsado el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y el desarrollo local con identidad.
Inició su carrera como Secretario-Abogado en la Defensoría del Pueblo, donde sirvió durante más de una década (1999–2010), velando por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Posteriormente, aportó desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos (2010–2012), fortaleciendo el trabajo jurídico y administrativo en favor de las comunidades de la Amazonía. Desde el año 2012 hasta la actualidad, ha ejercido el patrocinio legal independiente, acompañando procesos de defensa y asesoría a sectores populares, organizaciones sociales y actores institucionales.
Es abogado por la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, donde también cursó estudios de Maestría en Derecho Penal. Esta sólida preparación le ha permitido intervenir en espacios complejos del debate legal y social del país, siempre con una visión garantista y territorial.
Además de su actividad jurídica, ha ejercido un liderazgo activo en el gremio profesional como presidente de la Asociación de Abogados de Sucumbíos y ha promovido espacios de integración social y deportiva como presidente del Club Deportivo JUS LEX.
Juan Marco Gonzaga representa una visión política basada en el respeto a los derechos, la equidad regional, la legalidad y el desarrollo con justicia para todos los territorios del Ecuador.
