FMI UNA HISTORIA DE TRISTE RECORDACIÓN EN ECUADOR

Martes, 23 de abril del 2019 - 07:39 Imprimir

Nubarrones cubren una vez más el panorama económico de nuestro país, de la mano de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), siendo éste el vigésimo noveno de un triste y largo viacrucis para el Ecuador.

Y como si no aprendiéramos de las experiencias pasadas, me voy a permitir traer a la memoria algunos de los resultados de las imposiciones de recetas de corte neoliberal en el país.

Entre 1961 y 1972 el Ecuador pasó por nueve acuerdos con el FMI por un monto de alrededor de 100 millones de dólares, bajo una serie de condiciones que sometieron al país a fuertes políticas económicas y financieras; sin embargo, a partir de la década de los ochenta las condiciones estructurales de los créditos del FMI aumentaron considerablemente, debido a la participación de éste en el financiamiento de países de bajo ingreso que prácticamente terminaron imponiendo condiciones que implicaban para los países ceder su soberanía en el ámbito económico.

La imposición de la firma de un memorando de política económica y financiera con feroces medidas, acordes al Consenso de Washington de 1989, como reducir el tamaño de estado, la apertura a las privatizaciones de bienes y servicios públicos, reformas que permitan la flexibilización laboral, la liberación de mercados o reformas tributarias para el crecimiento del sector privado con la menor intervención del estado; todo ello en el afán de consolidar una economía de acumulación de capital dejando de lado el bienestar social de la población.

Así, las cartas firmadas por el Ecuador en 1984, 1985, 1986 y 1988 implicaban elevar el costo de la electricidad en un 2% mensual, al incremento trimestral de los combustibles entre el 18% y 40% en 1984, en un 60% en 1985; y, un incremento adicional en la firma de 1986.

De igual manera, planteaba la elevación de las tasas de interés, limitar el incremento del gasto corriente al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), reducir los subsidios a exportadores, y un ajuste del 50% en instalaciones telefónicas, así como el incremento al valor de las tarifas en vuelos domésticos.

Los resultados de una intervención del FMI, por más de 400millones de dólares,  privilegiando mecanismos de mercado como la liberalización de las prohibiciones de importaciones, tuvo como consecuencia el debilitamiento del sector industrial que jamás pudo competir con el mercado internacional y abrió paso a la concentración de capital en los grandes grupos de poder que absorbieron a la mediana y pequeña industria; y, provocaron que la tasa de desempleo suba del 6,7% en 1983 al 14,3% en 1988.

En ese año la reserva monetaria terminó con un saldo negativo de 300 millones de dólares, se suspendió el servicio de la deuda a acreedores externos y el saldo de la misma creció a $ 10.536 millones, superando el PIB del país en el año 1988. La inflación se disparó al 85,7% y el déficit fiscal terminó en un 18% del PIB.

Así terminó el mandato de León Febres Cordero y del Partido Social Cristiano, quienes hoy gobiernan nuestro país y se han convertido en los principales promotores de los acuerdos con el FMI, que en otra hora provocara atraso, recesión y miseria para los ecuatorianos.

De igual forma en las cartas firmadas en 1989, 1990 y 1994 por más de 350 millones de dólares, durante los gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Durán; el sometimiento fue el mismo: incremento mensual de las tarifas eléctricas en un 3% en 1989, ajustes en los precios de los combustibles, creación del impuesto a los consumos especiales y en la carta de 1994 se planteó la prohibición de incremento de asignaciones presupuestarias, reducir el empleo público en 20.000 puestos de trabajo y se  dejaba abierta las puertas a la privatización y la liberación comercial.

Como resultado de la aplicación de estas políticas de ajuste, si bien es cierto se logró una recomposición de la reserva monetaria y la reducción de la inflación; sin embargo, el país sufrió empobrecimiento y gran deterioro de la calidad de vida de la población debido a la falta de empleo, el incremento de la carga impositiva y el creciente costo de los servicios públicos, nuevamente de la mano del FMI.

Lo que sobrevino luego entre 1996 y 2006 -quizá el periodo de mayor inestabilidad política y económica del Ecuador en el cual se sucedieron siete gobiernos- también bajo la sombra de las despiadadas políticas del FMI, fue la firma de dos acuerdos en los años 2000 y 2003 por un monto de 377 millones de dólares condicionados a la reducción de los subsidios de los combustibles.

En la carta de intención del año 2000 se planteó no solo la eliminación de los subsidios al gas y la electricidad sino también la supresión gradual del impuesto a los vehículos de lujo, el incremento del IVA y su cobertura, la reducción de la base de exención del  impuesto a la renta y el apoyo del Banco Central a la banca privada que se hallaba en crisis de liquidez, mediante la emisión de 300 millones de dólares en bonos para capitalizarlos.

En el año 2001 ni los ingresos petroleros de 1.285 millones de dólares sumados a la recaudación tributaria de 420 millones no alcanzaba para cubrir el pago de la deuda pública que ya bordeaba los 1.734 millones de dólares.

Para el año 2003 la carta de intención firmada por Lucio Gutiérrez incluyó la elevación de los combustibles en un 25%, un decreto de austeridad con el congelamiento de salarios y la eliminación de provisiones para horas extras, así como el retiro de subsidios para Andinatel y Pacifictel.

Los resultados de este periodo al igual que en los anteriores se vivieron con desempleo, empobrecimiento y una fuerte ola de migración donde un importante número de ecuatorianos se vieron obligados a salir del país en búsqueda de mejores días.

Finalmente quisiera dejar con ustedes la conclusión de un grupo de académicos (Foster, Kentikelenis, Reinsberg, Stubbs y King) quienes desarrollaron un estudio en torno a la intervención del FMI en 135 países, entre los años 1980 y 2014 -incluido el Ecuador- quienes mediante el análisis de regresión multivariable establecieron que las reformas políticas ordenadas por el FMI aumentan la desigualdad de ingresos en los países prestatarios y contribuye a la generación de disparidad en el mundo en desarrollo.

Dicha conclusión me lleva al inicio de este artículo en el cual planteo que el modelo económico aplicado a un país en desarrollo no puede tener como fin último el crecimiento y acumulación de capital sino por el contrario el desarrollo y bienestar del ser humano sobre el capital.

  

Juan Lloret
Asambleísta por Azuay Revolución Ciudadana

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