La suerte del Ecuador está echada por el nuevo sometimiento del país a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), conforme lo suscrito el 1 de marzo de 2019. En una carta dirigida a la Directora del FMI Christine Legarde no solo se hipoteca la soberanía de nuestra política económica y financiera sino también compromete la implementación de un modelo neoliberal que, como lo he detallado en un artículo anterior, no ha significado jamás ningún progreso ni beneficios para nuestro pueblo.
Este documento incluye un anexo de “Políticas Económicas y Financieras” que no son más que los condicionamientos a los que se somete el estado ecuatoriano con el FMI, a cambio de 4.210 millones de dólares y que seguramente fue elaborado por los propios técnicos del FMI pero, para efectos de cumplir con meros formalismos y que no suene como imposición, son firmados por el Ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez Alvarado y la Gerente General del Banco Central del Ecuador Verónica Artola Jarrín.
Este documento incluye una serie de políticas y reformas a implementarse durante los próximos tres años, el cual resumo a continuación en cuatro grandes acciones que se encuentran transcritas entre comillas del documento suscrito meses atrás y que quizá son las de mayor preocupación para los ecuatorianos:
En el punto 6 del documento, página 4; se incluye como propósito fundamental reducir el déficit primario del sector público no financiero, mediante las siguientes acciones:
“Reajuste de la masa salarial del sector público”, que en buenos términos significa despidos masivos dentro de este sector. Si pensamos que con las más de 10.000 terminaciones de contratos que se dieron durante el mes de enero de 2019, que incluyó trabajadores de la salud, de control de vectores, del Ministerio de Educación, así como personal de Correos del Ecuador, Petroecuador, la Empresa de Telecomunicaciones, la Empresa del Sector Eléctrico, entre otros; ¿fue suficiente? ¡pues NO! dentro del programa de consolidación fiscal y estabilidad monetaria, las metas presentadas por Richard Martínez a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional el pasado 20 de marzo; plantean una reducción de la masa salarial del 9,9% del PIB en 2018 al 8,9% en el 2021, eso significa una reducción de alrededor de 1.000 millones de dólares en salarios que, trasladados a número de empleos, fácilmente podría superar los 50.000 hasta el 2021.
“Optimización del sistema de subsidios a los combustibles”: al igual que en la reducción de la masa salarial, si los ecuatorianos pensamos que todos los incrementos a los combustibles ya se hicieron, nuevamente nos equivocamos pues las metas impuestas por el FMI obligan a pasar de un gasto en subsidio a los combustibles del 2,8% del PIB en 2019 al 1,4% en el 2021; es decir una reducción de 1.400 millones de dólares en subsidios a combustibles que seguramente tendrán que incluir la gasolina extra, el diésel y el gas de uso doméstico.
“Reforma del sistema tributario” con lo cual se pretende enviar a la Asamblea Nacional hasta el mes de octubre, una propuesta que busca entre otras cosas simplificar el sistema, ampliar la base impositiva, eliminar ciertas exenciones tributarias, dirigir el sistema de recaudo a una tributación directa mayor antes que indirecta y eliminar gradualmente los impuestos relacionados con el volumen de los negocios y las transferencias al exterior. Esto significa ampliar el número de contribuyentes o eliminar deducciones como salud, educación y vivienda dentro del impuesto a la renta. Habría que ver qué va a pasar con los ciudadanos que utilizan regímenes especiales o tarifas planas como el RISE.
Así mismo podrían modificar la base de algunos productos y servicios que hoy no pagan IVA como por ejemplo los dispositivos e insumos médicos, productos de la canasta básica, servicios como medicina prepagada, etc. Muy probablemente se incrementarían los impuestos directos como el IVA que lo pagan todos los ecuatorianos antes que el impuesto a la renta que es un tributo progresivo que se eleva conforme las utilidades que se tenga. Finalmente se eliminarán los impuestos a la salida de divisas beneficiando principalmente al sector importador y empresarial.
Todo esto significa -según consta en la página 17 de este documento- un incremento de ingresos por tributación del 1.5% al 2% del PIB al 2021; es decir entre 1.500 y 2.000 millones de dólares que seguramente será cubierto en su gran mayoría por la clase media y media alta del país.
“Reducción del gasto público de capital y de bienes y servicios” mismo que hoy permite cubrir todos los insumos, materiales y servicios que requiere el sector público para atender las necesidades de los ciudadanos en las distintas dependencias; aquí la meta es bajar del 5,2% de bienes y servicios en el 2018 al 4,5% del PIB, ello significa reducir las compras en bienes y servicios alrededor de 700 millones de dólares que seguramente abonarán al gran deterioro de la calidad de los servicios que ya recibimos los ciudadanos dentro del sector público. Finalmente para cerrar los recortes se plantea una reducción -también en gastos de capital- del 7,1% del PIB en 2019 al 6% en el 2021; que nos llevará a una evidente recesión de la economía al disminuir en 1.000 millones de dólares la inversión pública que generaba obras y empleo, conjuntamente con el sector privado y que se convirtieron en un motor de la economía durante los 10 años de revolución ciudadana anteriores al periodo de transitocracia de Lenin Moreno.
Estos cuatro álgidos elementos del sometimiento al FMI más la apertura para concesionar empresas públicas y reformas que incluyan una flexibilización laboral, nos hace pensar que el destino del Ecuador está marcado con un pacto de lágrimas, sudor y ojalá no de sangre; de los cientos de miles de ecuatorianos que tendremos que pagar las consecuencias de un gobierno inútil, débil y vendido a los más caros intereses de una geopolítica que logra alinear países en torno a un despiadado modelo neoliberal en favor de la acumulación de capital y no de un régimen de bienestar para la población.
Solo la movilización popular, la sumatoria de fuerzas progresistas y sectores sociales que dejen de lado los resentimientos políticos, podrán frenar al monstruo del neoliberalismo y cambiar la suerte de quienes vivimos en Ecuador.
Asambleísta por la provincia de Azuay |
