l problema se hizo más visible a raíz del hundimiento de la escuela La Inmaculada Fe y Alegría, que tiene más de 100 años de construcción. Los 300 niños que ahí se educaban fueron reubicados con la esperanza de volver a las instalaciones. Sin embargo, eso es imposible por el peligro que representa levantar una infraestructura en el lugar. Los habitantes de Zaruma aseguran que la intranquilidad llega cada vez que enfrentan una temporada lluviosa, pues el temor de más hundimientos es permanente.
La resolución pide que el Gobierno tome medidas para poner fin a las actividades mineras en Zaruma. Además, que se entreguen los recursos para atender la emergencia en el sector, recuperar los espacios del subsuelo, la reconstrucción de viviendas afectadas y que se levante una nueva escuela en otro terreno.
También contempla que se disponga la evaluación de los actuales concesionarios para revertir las concesiones mineras que se encuentran sin operar; que se definan las zonas para los mineros artesanales y se les entreguen los títulos para que se regularicen.
Coordinar planes de remediación
Otro de los puntos que consta en el documento es que se solicite a la Gobernación y al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma para que coordinen los planes de remediación en las zonas afectadas. “Se actuó de manera irracional e irresponsable”, dijo el proponente del proyecto, el legislador Montgómery Sánchez, para quien con la declaratoria de Estado de Excepción se salvaguarda la vida de la gente que hoy vive en constante peligro.
Patricia Henríquez hizo un análisis cronológico de la problemática en Zaruma y culpó de la actual situación a las autoridades de control, pues, según dijo, no hicieron nada para evitar que la ciudad ahora se hunda, por lo que pidió que se frene la minería. “Dieron concesiones debajo del casco urbano, supuestamente porque no estaba en la zona de exclusión”, argumentó e instó para que el Titular del Ministerio de Minería explique lo sucedido.
En el proyecto presentado por Montgómery Sánchez se habla de conmoción interna como la causal, pero se acordó para reemplazarlo por calamidad pública. Con ese criterio coincidieron Rosa Orellana, Mercedes Serrano, Cristina Reyes y Franco Romero, para quienes el Estado tiene la obligación de preservar lo que existe y tomar acciones inmediatas con el fin de evitar el deterioro urbano de Zaruma.
Determinar las causas
Mercedes Serrano insistió en que se requiere determinar las causales para pedir el decreto del Estado de Excepción, como explican los artículos 164 y 165 de la Constitución de la República. “Es necesario derivar los recursos para Zaruma; establecer zonas de seguridad y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía, para precautelar el bienestar de quienes viven en Zaruma”, recalcó. Mientras, Franco Romero pidió ser más exigentes en el artículo 4 de la Resolución para que el Ministerio de Finanzas entregue los más de 3 millones de dólares que le corresponden a Zaruma por regalías.
A propósito del tema minero, el asambleísta Elio Peña trajo a la mesa de análisis lo que sucede en la provincia de Zamora Chinchipe, con los proyectos Mirador y Fruta del Norte. Según explicó, son más de 200 las fuentes de agua afectadas y dejó entrever que se proyecta minería a cielo abierto y a gran escala. “Ya empiezan a sentirse los estragos, a pesar de que solo están en etapa de construcción”, insistió.
Dentro del debate también se habló de solicitar un informe de la topografía del subsuelo para conocer la situación real de Zaruma. José Serrano, presidente del Parlamento de Ecuador, aseguró que estarán pendientes de lo que se haga para proteger la vida y el patrimonio del país.
Asambleísta por la provincia de Morona Santiago | Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales | Visita mi Perfil
