La presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Johanna Cedeño, convocó a Carlos Pérez García, Ministro de Hidrocarburos, quien expuso la situación de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 que se encuentran dentro del parque Nacional Yasuní, de conformidad con lo determinado en la Declaratoria de Interés Nacional emitida por la Legislatura.
Dicha comparecencia se dio el miércoles, 27 de junio, a partir de las 10h30, en las oficinas del organismo legislativo.
El funcionario indicó el estado actual de las concesiones mineras y cuál será el proceso que llevará adelante esta Secretaría de Estado, sobre todo para dar por terminadas las que se encuentran en centros urbanos, en concordancia con la decisión del pueblo sobre la pregunta 5 de consulta del 4 de febrero pasado.
Cabe recordar que el representante de la organización Yasunidos Piñas, Manuel Quizhpilema, informó que en el cantón Piñas se entregaron 19 concesiones mineras, de las cuales dos están en la ciudad, las que -según indicó- se otorgaron sin establecer una línea base, ni el criterio medio ambiental, lo cual es preocupante, porque en la zona hay 11 captaciones de agua para consumo humano.
Solicitó que la Comisión de Biodiversidad genere un proyecto de reforma a la Ley de Minería para cual se incluya como requisito previo a la obtención de una concesión para minería metálica la existencia de una línea base de la calidad del agua, en sectores donde se pretenda realizar trabajos relacionados con la exploración y explotación de esta clase de recursos.
De su lado, William Sacher, profesor investigador de la Universidad Simón Bolívar, afirmó que el problema de la contaminación del agua, producto de la acción minera, no solo se da en Piñas, sino a nivel nacional, razón por la cual el parlamentario Fredy Alarcón propuso formular un llamado a los ministerios de Ambiente, de Minería y a la Agencia de Regulación y Control Minero, para que revisen las concesiones.
Además, la Comisión de Biodiversidad escuchó al subsecretario de Gestión de Calidad Ambiental, Jorge Jurado, quien explicó el efecto contaminante de los desechos sólidos y aguas residuales, el monitoreo de la actividad minera, la calidad del aíre y su incidencia en los 221 municipios del país.
En esa ocasión, el funcionario adelantó que desde el Ejecutivo se preparan reformas a la Ley de Minería, así como al Código Orgánico del Ambiente.
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