La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, de la cual la Asambleísta por Los Ríos Kharla Chávez forma parte, analiza el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP.
En este marco, la comisión recibió a 3 funcionarias de estado. La primera, fue la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, quien considera necesario analizar la proporcionalidad de las penas de acuerdo con la gravedad del delito. Puso como ejemplo que mientras una persona procesada por abigeato (ej: robar una vaca) recibe una sanción de privación de la libertad de 5 a 7 años, a una persona procesada por enriquecimiento ilícito se le priva de la libertad de 3 a 5 años.
Además dijo que los delitos de violencia contra la mujer, corrupción, tráfico ilícito de estupefacientes, enriquecimiento ilícito deben merecer una sanción más severa. Propuso que en la tipificación de las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, a más de la pena privativa de libertad se imponga obligatoriamente tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo al infractor, reconociendo que el estado trabaja mucho con las víctimas y poco con los infractores. Es necesario profundizar la reahabilitación de los agresores para cortar el ciclo de violencia.
Luego de su intervención, fue el turno de la Ministra de Salud Verónica Espinosa, quien propuso que en el caso de las personas con enfermedades mentales que cometan delitos, el internamiento sea la última opción. “Antes que pasar a un encierro de por vida en un manicomio, puede entrar a estudio del Ministerio de Salud para una evaluación psicológica, de trabajo social, con acompañamiento de la justicia, para determinar su problema y darle una oportunidad de insertarlo en el entorno familiar” señaló.
También pidió que se tipifique como delito la falsificación de medicamentos y la venta de medicinas caducadas por representar un riesgo para la vida.
En concordancia con la lucha que emprende la Asamblea Nacional contra la violencia hacia la mujer, señaló que según los datos del Ministerio de Salud el embarazo en niñas de 10 a 14 años ha aumentado, y que todos son producto de abusos sexuales. La asambleísta Chávez calificó esta cifra como alarmante.
La última intervención correspondió a la Secretaria Técnica de Drogas (e) Ángela Gonzalez, quien planteó que se sancione con pena de privación de la libertad de 10 a 13 años a quien oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, usando para ello a niñas, niños o adolescentes, o si dichas sustancias se venden, distribuyen o entregan a niñas, niños o adolescentes para su consumo.
Asambleísta por la provincia de Los Ríos | Vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado | Independiente Visita mi Perfil
