Este lunes 16 de junio de 2025, a las 17H00, participé activamente en la Sesión No. 011-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde el principal punto del día fue el Informe para Primer Debate del "Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública", calificado de urgente en materia económica. Desde mi curul, levanté mi voz con profunda responsabilidad y compromiso con el país, denunciando que este proyecto no es lo que aparenta.
En mi intervención, fui clara: esta propuesta, mal llamada "Ley Orgánica de Integridad Pública" y rebautizada sin un debate adecuado, no es una herramienta efectiva para combatir la corrupción. Para mí, es un "caballo de Troya jurídico", disfrazado de eficiencia y modernización, que esconde mecanismos regresivos, centralizadores y profundamente lesivos para nuestros principios democráticos, la transparencia estatal y la equidad económica.
Expresé mi preocupación porque esta ley, por su densidad técnica y transversalidad institucional, debió ser construida con un diálogo amplio, con evidencia clara y con participación real de todos los sectores. Sin embargo, se ha impuesto con plazos exprés y consultas simuladas a ciertos gremios empresariales, excluyendo, una vez más, a quienes sostienen la economía real: a las asociaciones, a las cooperativas, a los gobiernos locales, y a la economía popular y solidaria.
Enfatizo que no debemos confundir la urgencia de combatir la corrupción con la urgencia de imponer una ley sin un diagnóstico sólido, sin debate genuino y, lo que es peor, sin alma.
Subrayé varias observaciones técnicas y jurídicas cruciales:
Violación al principio de unidad de materia: El proyecto ampara múltiples reformas bajo un mismo nombre, afectando la claridad y coherencia.
Centralización y discrecionalidad: Se reduce la capacidad normativa del SERCOP, se eleva el techo de la ínfima cuantía sin mecanismos de control adecuados, y se eliminan figuras que garantizan transparencia y equidad.
Impacto en la MIPYMES y emprendedores: La eliminación del régimen de contratación inclusiva y la priorización de grandes oferentes afectarán gravemente a nuestros pequeños productores y emprendedores, vulnerando principios constitucionales.
Falta de un verdadero combate a la corrupción: Sostengo que esta ley no combate la corrupción, sino que la administra desde otro ángulo, promoviendo una concentración de poder que, lejos de modernizar, convierte el sistema en una trampa digital excluyente.
Concluí mi intervención con una decisión clara: hoy, la Asamblea tiene la opción de ser simplemente una notaría del Ejecutivo o el espacio donde se trazan caminos justos, valientes y democráticos. No podemos quedarnos callados por cálculo político; debemos rechazar este proyecto con dignidad y exigir uno mejor, uno hecho con la gente y para la gente.
El Ecuador no necesita reformas improvisadas. Necesita una transformación democrática y justa de su contratación pública. Y para eso, aún estamos a tiempo de construir una verdadera Ley de Integridad Pública que beneficie a todos los ecuatorianos, no solo a unos pocos. Mi voto, y mi voz, siempre estarán al servicio de esta causa.
Liliana Elizabeth Durán Aguilar nació en Abañín, una parroquia de la histórica ciudad de Zaruma, en la provincia de El Oro. Se define como una lideresa feminista y una luchadora incansable por los derechos de las mujeres y los trabajadores. A lo largo de su vida ha sido promotora socio-organizativa y ha mantenido un firme compromiso con la Revolución Ciudadana, desde donde ha articulado acciones en favor de una sociedad más justa y equitativa.
Su trayectoria se ha centrado en el impulso de leyes y proyectos que promuevan la autonomía económica de las mujeres, su empoderamiento real y el ejercicio pleno de sus derechos, especialmente en lo relacionado con la toma de decisiones sobre sus cuerpos y vidas. Además, ha dedicado su vida a defender los derechos laborales, revalorizando al capital humano como motor del desarrollo.
Es licenciada en Gestión del Desarrollo Local Sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana. Se ha formado como defensora de los derechos humanos de las mujeres con ONU Mujeres (UNIFEM), y se ha capacitado en normas internacionales del trabajo y derechos laborales en espacios de alto nivel como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Turín (Italia), Madrid (España) y Antigua (Guatemala). Asimismo, cursó formación en Realidad Nacional y Género en el marco de programas impulsados por el BID, la OIT, la CIOLS/ORIT y la Universidad de Chile.
En el ámbito político, fue Asambleísta Nacional del Ecuador durante el período 2017-2021, tiempo en el cual presidió la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, así como el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y el Grupo Interparlamentario de Amistad con Cuba. También se desempeñó como primera vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) entre 2014 y 2021, y lideró importantes espacios de participación ciudadana y feminista como el Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas y la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.
Entre sus reconocimientos destacan la mención de honor del Premio “Manuela Espejo”, otorgado por el Municipio de Quito en 2012, y el reconocimiento al Liderazgo Comunitario por parte de organizaciones sociales en diciembre de 2024. Ha sido autora y coautora de diversas publicaciones sobre derechos de las mujeres, participación política y liderazgo social, además de haber contribuido con artículos en encuentros internacionales y en informes alternativos ante organismos como la CEDAW.
Liliana Durán también ha ejercido cargos honoríficos de relevancia, como vocal del Directorio del Consejo Nacional de las Mujeres (hoy Consejo Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Género), vicepresidenta alterna de la CIOSL y representante del sector laboral en el directorio del SECAP, siendo la primera mujer en ocupar dicha representación.
Su voz firme y comprometida sigue siendo un referente en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social en el Ecuador.
