Esta semana, en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, se ha debatido la Proforma 2025 y mi voto ha sido en contra. Este documento, lejos de seguir el mandato constitucional de financiar los gastos permanentes con ingresos permanentes, presenta un panorama fiscal preocupante. La propuesta del Gobierno incluye un déficit global de $5.625 millones y un requerimiento de financiamiento que asciende a $11.441 millones. Aprobar un presupuesto basado en tal nivel de endeudamiento es hipotecar el futuro de la nación.
Además, la proforma se basa en proyecciones petroleras poco realistas. Si el precio del petróleo no alcanza las cifras proyectadas, la respuesta del Gobierno, sin un plan B claro, será inevitablemente realizar recortes en áreas vitales como la salud, la educación y la seguridad. Estas son las áreas que más afectan a los ciudadanos de a pie y las que el Estado tiene la obligación de proteger y fortalecer.
La discusión ha estado marcada por la ausencia de los ministros responsables. Ninguno de ellos compareció personalmente ante la comisión para sustentar su propuesta, enviando en su lugar a delegados. Esta falta de compromiso y transparencia deja a la Asamblea y al país sin las respuestas que merecen. Por estas razones —un presupuesto basado en deuda, cifras ficticias y la falta de responsabilidad del Gobierno—, no puedo avalar este proyecto.
Liliana Elizabeth Durán Aguilar nació en Abañín, una parroquia de la histórica ciudad de Zaruma, en la provincia de El Oro. Se define como una lideresa feminista y una luchadora incansable por los derechos de las mujeres y los trabajadores. A lo largo de su vida ha sido promotora socio-organizativa y ha mantenido un firme compromiso con la Revolución Ciudadana, desde donde ha articulado acciones en favor de una sociedad más justa y equitativa.
Su trayectoria se ha centrado en el impulso de leyes y proyectos que promuevan la autonomía económica de las mujeres, su empoderamiento real y el ejercicio pleno de sus derechos, especialmente en lo relacionado con la toma de decisiones sobre sus cuerpos y vidas. Además, ha dedicado su vida a defender los derechos laborales, revalorizando al capital humano como motor del desarrollo.
Es licenciada en Gestión del Desarrollo Local Sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana. Se ha formado como defensora de los derechos humanos de las mujeres con ONU Mujeres (UNIFEM), y se ha capacitado en normas internacionales del trabajo y derechos laborales en espacios de alto nivel como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Turín (Italia), Madrid (España) y Antigua (Guatemala). Asimismo, cursó formación en Realidad Nacional y Género en el marco de programas impulsados por el BID, la OIT, la CIOLS/ORIT y la Universidad de Chile.
En el ámbito político, fue Asambleísta Nacional del Ecuador durante el período 2017-2021, tiempo en el cual presidió la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, así como el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y el Grupo Interparlamentario de Amistad con Cuba. También se desempeñó como primera vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) entre 2014 y 2021, y lideró importantes espacios de participación ciudadana y feminista como el Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas y la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.
Entre sus reconocimientos destacan la mención de honor del Premio “Manuela Espejo”, otorgado por el Municipio de Quito en 2012, y el reconocimiento al Liderazgo Comunitario por parte de organizaciones sociales en diciembre de 2024. Ha sido autora y coautora de diversas publicaciones sobre derechos de las mujeres, participación política y liderazgo social, además de haber contribuido con artículos en encuentros internacionales y en informes alternativos ante organismos como la CEDAW.
Liliana Durán también ha ejercido cargos honoríficos de relevancia, como vocal del Directorio del Consejo Nacional de las Mujeres (hoy Consejo Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Género), vicepresidenta alterna de la CIOSL y representante del sector laboral en el directorio del SECAP, siendo la primera mujer en ocupar dicha representación.
Su voz firme y comprometida sigue siendo un referente en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social en el Ecuador.
