Buen día con todos y todas.
Mi nombre es Liliana Durán Aguilar. Vengo de una larga lucha por los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, de los derechos de las y los trabajadores, una lucha por el Buen vivir. Hoy esta lucha la desarrollo desde la Asamblea Nacional. Tengo el honor de ser Asambleísta Nacional y Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social.
En primer lugar, quiero agradecer a la Organización Internacional del Trabajo la realización de este evento y el haberme considerado como ponente en tema tan trascendental para nuestras sociedades como es el trabajo infantil.
Pero antes de entrar en esta cuestión, quiero compartir con ustedes el Plan de trabajo que la Comisión tiene por delante en los próximos años.
Nuestro objetivo general es ser una Comisión de puertas abiertas. He asumido el compromiso, junto con el resto de la Comisión, de generar un constante diálogo con las organizaciones de trabajadores y empleadores, con la ciudadanía y el resto de actores político-sociales. Con este marco de diálogo, vamos a situar el Trabajo Digno como uno de los ejes de la agenda legislativa y vamos a impulsar un marco legal de avanzada, que proteja y garantice el trabajo digno, estable y de calidad y que permita, en continuo diálogo social, el adecuado funcionar de nuestra economía.
Para dar cumplimiento a estas metas nos hemos planteado una hoja de ruta, una serie de objetivos concretos y mesurables con los que queremos evidenciar nuestro compromiso de trabajo y nuestra voluntad de rendir cuentas de manera constante con objetivos cumplidos.
Nuestro proyecto emblemático será la construcción del nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo, un Código participado por las organizaciones de trabajadores y empleadores, por la ciudadanía en general mediante la creación de mesas de diálogo temáticas, talleres itinerantes y el fortalecimiento de las casas legislativas del país y del extranjero. Queremos fortalecer la participación ciudadana en el proceso legislativo y fomentar la democracia participativa, tanto en el proyecto de nuevo Código Orgánico Integral como en el resto de normas que vamos a impulsar.
Entre otras leyes, y siempre con el desarrollo del Código como meta principal, nuestros primeros objetivos son:
el impulso de una nueva Ley de Seguridad Social;
la integración en las normas laborales de la protección frente a la discriminación en el trabajo y frente al acoso laboral ya sea por razón de sexo o por otras razones;
la lucha por la igualdad entre trabajadoras y trabajadores mediante normas avanzadas en materia de derechos vinculados al cuidado y la co-responsabilidad;
la consecución de la estabilidad en el trabajo en el servicio público mediante las reformas de la LOSEP necesarias,
otros proyectos orientados hacia la formalización del sistema laboral y la generación de empleo digno y de calidad.
Evidentemente, queremos desarrollar todos estos proyectos normativos desde el permanente respeto a los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador, en particular los Convenios OIT, y con la firme voluntad de mantener el diálogo continuo con esta Organización así como con el resto de instituciones internacionales para la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Las estrategias para conseguir estos objetivos son fundamentalmente las siguientes:
- la primera, que ya he mencionado, es el impulso de espacios de diálogo.
- la segunda el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, sociales y colectivos ciudadanos
- la tercera el permanente diálogo con la función ejecutiva, el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Finanzas, Plan toda una vida, Sectores Estratégicos y Productivos y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Como puede comprobarse, tenemos una inmensa tarea por delante hacia el trabajo digno y la promoción de los derechos laborales
Y, por supuesto, dentro de esta tarea se integra la lucha por la erradicación completa del trabajo infantil en nuestro país y la colaboración con nuestros países vecinos para la lucha contra esta lacra social en la región.
Pasando pues al tema concreto que nos ocupa, y dejando a parte las definiciones normativas de trabajo infantil que conocemos bien, quiero comenzar con una aproximación a las causas y los terribles efectos del trabajo infantil.
El trabajo infantil es un proceso social que ha marcado el mismo nacimiento y evolución del capitalismo y que supone una de las manifestaciones más extremas de la subordinación del trabajo, de la vida, a las exigencias más brutales del capital.
En cada ciclo de la historia del capitalismo y en cada escenario geográfico, el trabajo infantil ha estado presente con diversas formas e intensidad. De hecho, desde el punto de vista de la regulación de las relaciones de trabajo, sabemos que la lucha contra esta explotación, por muy diversos motivos, estuvo en la base de las primeras normas laborales, tanto en el ámbito estatal como internacional.
Cuesta creer que, hoy en día, y según los datos de la OIT todavía hay 168 millones de niños/as en el mundo que trabajan. Además, de esos 168, 85 millones se dedican a la realización de trabajos peligrosos que afectan en mayor medida a su salud y vida presente y futura. En América Latina y el Caribe, existen 13 millones de niños en situación de trabajo infantil. Aunque las cifras están mejorando en nuestra región en las últimas décadas, queda mucho camino por hacer.
Cuesta creer que las cifras sean tan altas y es todavía más duro constatar que hay quien no tiene escrúpulos en utilizar mano de obra infantil o permitir que la misma se utilice a lo largo de sus cadenas de suministro. Me estoy refiriendo específicamente a las grandes multinacionales, que han sido denunciadas desde la sociedad civil por no prohibir la utilización de mano de obra infantil en los últimos eslabones de sus cadenas de suministro, que se sitúan de manera habitual en los países del Sur Global.
Los hechos hablan, el trabajo infantil supone en la actualidad un inmenso ejército de reserva que sustituye a la mano de obra adulta para rebajar los costos de producción, en beneficio de las empresas, en muchos casos transnacionales.
Pero, evidentemente el trabajo infantil es un fenómeno mucho más complejo, que comprende tanto la vertiente de la demanda como la de la oferta, y esta oferta está vinculada a la pobreza y la necesidad.
Cuando se combinan contextos de pobreza y falta de trabajo remunerado con políticas de privatización de los servicios públicos y restricción de gasto social, las familias necesitan añadir trabajadores para asegurar los ingresos vitales, y ese ejército de reserva son las niñas y niños. Los empresarios se benefician así doblemente de las políticas de precarización de la vida de las mayorías sociales, la rebaja de impuestos y la reducción de servicios públicos les permiten aumentar sus beneficios y su mercado de actuación mientras que la necesidad provocada por estas políticas les ofrece mano de obra a coste reducido.
Como todas y todos sabemos, las consecuencias del trabajo infantil son terribles, afecta directamente a las capacidades de las niñas y niños, a sus derechos presentes y futuros. El trabajo en los menores de edad limita aprendizajes y vivencias, disminuye por tanto las capacidades y las posibilidades de conseguir un futuro digno. El trabajo infantil incide directamente en la sociedad misma, como han señalado distintos estudios, al “canjear” un beneficio inmediato por un beneficio de largo plazo
En la lucha contra el trabajo infantil la labor de las organizaciones internacionales ha sido fundamental, así como el firme compromiso de distintos países, entre ellos el de Ecuador.
Desde el punto de vista de la normativa internacional, es importante remarcar que Ecuador ha ratificado 13 convenios y resoluciones internacionales sobre la temática de trabajo infantil.
Desde el punto de vista nacional, creo que es posible afirmar que Ecuador es un estado firmemente comprometido con el objetivo de erradicar el trabajo infantil.
El art. 35 de la Constitución sitúa a los niños y niñas como colectivo de atención prioritaria. El art. 46 incluye expresamente la protección especial contra la explotación laboral o económica y la prohibición expresa del trabajo para menores de 15 años. Por su parte, el art. 83 del Código de la Niñez y Adolescencia afirma la corresponsabilidad entre Estado y sociedad para erradicar el Trabajo Infantil.
Además en los artículos siguientes se marcan los límites para el trabajo de los adolescentes: su jornada de trabajo no podrá exceder de 6 horas diarias, máximo 5 días a la semana y no pude limitar el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. Los adolescentes no podrán trabajar en ocupaciones calificadas como peligrosas, nocivas o riesgosas. Coinciden estas disposiciones con las incluidas en el Código del Trabajo respecto del trabajo asalariado de adolescentes.
Más allá de la prohibición de trabajar de los menores de 15 años y la regulación del trabajo de los adolescentes entre 15 y 18, el objetivo de la erradicación del trabajo infantil ha tenido una fuerte presencia en los distintos PNBV, que han sido el documento marco de la política ecuatoriana. Tanto el primero como el segundo han incluido la lucha contra el trabajo infantil e incluso el PNBV 2013-2017 incluyó como objetivo la meta de erradicar el trabajo infantil para el año 2017.
Con este objetivo desde el año 2003 la lucha contra el Trabajo Infantil ha sido objeto de distintos programas y proyectos, financiados por organizaciones internacionales, entidades sociales o realizados directamente desde el Gobierno.
Es importante destacar que uno de los grandes logros de la Década Ganada del Gobierno de la Revolución Ciudadana es la erradicación del Trabajo Infantil en los botaderos de basura, para lo cual se trabajó coordinadamente con los padres y madres, conformando la Red Nacional de Recicladores.
Cabe añadir que desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social se realizaron varias actividades y programas para prevenir este problema, con el abordaje, la contención y el seguimiento a los casos de Trabajo Infantil y Mendicidad.
De entre los logros de nuestro país en esta materia, debemos destacar por tanto que:
- El Ecuador fue declarado como país libre de trabajo infantil en botaderos de basura (2011) y en camales (2012)
- El trabajo de niñas y niños de 5 a 14 años, se redujo del 12,1% de la población total en esa franja de edad en 2006 al 3% en 2014 año en que se situó en su punto más bajo, tomando datos nacionales de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada por el INEC.
Estas cifras son esperanzadoras, pero seguimos teniendo grandes retos por delante.
Si revisamos las cifras de los dos últimos años, vemos que la cantidad de trabajo infantil en el Ecuador ha aumentado y se sitúa en este momento en el 4.9 de la población entre 5 y 14 años. En el ámbito urbano el porcentaje es del 1.3 pero en el rural es del 11.3, esta diferencia es sustancial para entender y enfrentar el problema.
Este aumento reciente del trabajo informal debe analizarse teniendo en cuenta la evolución general del sistema laboral.
Como ustedes saben, por mandato constitucional, el Estado ecuatoriano se encuentra comprometido no sólo a la consecución del pleno empleo sino a que este objetivo sea conseguido mediante la generación de trabajo digno y estable, con retribuciones justas, no precarizado ni tercerizado y con las herramientas jurídicas necesarias para permitir la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el ámbito de los cuidados. La inclusión de una regulación de este alcance en la norma constitucional era sin duda novedosa, la Constitución de Montecristi se constituía como una frontera frente a la precarización que ya estaba impregnando las relaciones laborales en muchos lugares del mundo.
Con esta base y desde aquél momento se han realizado importantes avances en el ámbito de las relaciones de trabajo en Ecuador, esto es innegable. Los datos son claros: la población activa, siempre según la ENEMDU, ha aumentado en más de 1.5 millones de personas entre 2007 y 2017; en esa década, el IESS ha aumentado en casi dos millones su número de afiliados, lo que indica un amplio crecimiento de la formalización de las relaciones de trabajo; los salarios reales han evolucionado al alza de manera continuada, prácticamente se ha duplicado su capacidad de compra y la expansión del consumo de los hogares.
Por su parte, el desempleo se mantiene en el 4,4%, lo que coloca a Ecuador entre los países con menos desempleo de América Latina.
Todo lo anterior supone un cambio muy significativo en el sistema laboral ecuatoriano. Sin embargo, nuestro sistema no ha sido totalmente inmune a la crisis económica mundial. El sistema laboral acusa las dificultades por las que transita la economía internacional. Las cifras más preocupantes son sin duda las que indican una reducción del empleo adecuado entre 2014 y 2017 y la subida del subempleo. En este marco evolutivo, debemos entender el actual moderado repunte del trabajo infantil, fundamentalmente en las áreas rurales.
Ante esta situación, cabe realizarse la gran pregunta: Qué hacer? Y específicamente, qué podemos hacer desde la Asamblea Nacional?
Desde el punto de vista de las posibles vías que queremos implementar para alcanzar la meta de erradicación del Trabajo Infantil podemos subrayar las siguiente:
- impulsar el debate sobre el papel de la inspección de trabajo en la protección de las condiciones de trabajo de los y las adolescentes de entre 15 y 18 años y la erradicación del trabajo infantil y reforzar su regulación, en el marco del nuevo código del Trabajo.
- desarrollar (de manera participativa) y aprobar una ley de emprendimento del trabajo de las y los jóvenes entre los 15 y los 30 años basada en la creación de empleo digno y de calidad y de figuras que permitan combinar los estudios con el trabajo para mejorar la formación.
- promover la vinculación de las política sociales, como la extensión del bono de desarrollo humano, con la lucha contra el trabajo infantil.
Asambleísta Nacional | Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales |
