El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad, con 130 votos afirmativos, la objeción al proyecto de Ley de Salud Mental que promueve, regula y garantiza el pleno ejercicio del derecho a la salud mental de las personas en todo su ciclo de vida, bajo un modelo de atención integral y comunitario. La propuesta de Ley irá de inmediato al Registro Oficial para su publicación y posterior vigencia.
El Ecuador no tenía una regulación sobre salud mental y la actual administración de la Asamblea la tramitó luego de estar represada por más de diez años.
Tras la pandemia por el COVID-19 en el país aumentaron los casos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, tasas de suicidio, consumo de alcohol u otras sustancias y las situaciones de violencia, por lo que surge este marco legal que atiende los problemas mentales, destacaron los legisladores al exponer cifras alarmantes y presentar un diagnóstico de cómo está salud mental en el país.
El marco legal de la salud mental es una deuda pendiente con la población por décadas. "Este proyecto reconoce que la salud mental es parte de la salud integral de las personas, desde la prevención, atención y recuperación", advertir que aproximadamente una de cada 8 personas sufre de trastorno mental y que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes.
La Ley está orientada a fomentar las prácticas de vida saludables en cada uno de los ciclos de vida del ser humano, sus familias y la comunidad, a través de programas y planes de promoción, prevención y protección de la salud mental; y, garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos para los usuarios que los necesiten, mediante políticas de aseguramiento y cobertura en el sector público y privado.
Además, prevé la coordinación con todas las carteras del Estado, relacionadas con salud mental, el desarrollo de conceptos como derecho de información suficiente, autonomía de la voluntad, consentimiento libre e informado, así como también desarrolla el establecimiento de un Plan Nacional de Salud Mental en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados.