La Comisión de Fiscalización inició este jueves, 8 de febrero, la recepción de pruebas testimoniales de cargo y de descargo, en la sustanciación de la solicitud de juicio político contra Fausto Murillo y José Morillo, actual y exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), por incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la Ley.
En la mañana, el organismo recibió a Pablo Flores, exadministrador del contrato para la reconstrucción de la sede judicial de Portoviejo, provincia de Manabí; y al exlegislador Luis Almeida Morán, uno de los proponentes originales de la solicitud de este juicio político.
Pablo Flores indicó que se hizo cargo de la administración del referido contrato desde el pago de la factura novena, hasta la 16, sobre la base de los informes de fiscalización. Aseguró que su actuación fue absolutamente apegada a las normas legales vigentes y con responsabilidad. En torno a las demoras en la reconstrucción de la obra, Flores atribuyó el problema a la falta de estudios de las fallas estructurales de la edificación.
Mientras, el exlegislador Luis Almeida, se ratificó en todos y cada uno de los cargos presentados en el juicio político y, a la vez, entregó la documentación al respecto. Dijo que Fausto Murillo jamás debió ser nombrado presidente del CJ, porque esa dignidad le correspondía a Álvaro Román, como reconoció la Corte Constitucional mediante sentencia. Agregó que “en el período de Murillo la justicia fue manipulada con fines particulares y no les importó llegar a la interferencia en las demás funciones del Estado”.
En la tarde, Eliseo García, representante de los servidores judiciales, cuestionó el que, desde 2007, sigan a la espera de que se cumpla con la homologación salarial y el discurso permanente es que continúan validando la información de las diferentes provincias. “Hay recursos para atender otras necesidades, pero para cumplir con los trabajadores, nunca. Y, pese a la gestión de varias mesas de trabajo, el Consejo no ha cumplido esta obligación”, enfatizó.
Luego, la ingeniera Sofía Almeida, expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), afirmó que la justicia fue utilizada por el Gobierno de Guillermo Lasso como herramienta para amedrentar y bloquear el trabajo de este organismo, a través de acciones de protección y medidas cautelares. Añadió que a Fausto Murillo no le correspondía presidir el CJ.
Posteriormente, Adolfo Castro, presidente del Colegio de Abogados de Manabí, relató las gestiones desarrolladas para que la reconstrucción del complejo judicial de la provincia sea una realidad. Aseveró que no se puede establecer, sin un estudio previo, que el edificio tenga fallas estructurales, que sería la razón para que la obra esté paralizada, al explicar que por la preocupación de su gremio solicitó que un grupo de expertos en ingeniería civil realice una inspección, cuyas conclusiones determinaron que los daños no afectan a la estructura del edificio.
Myriam Morales Caicedo, funcionaria judicial jubilada, subrayó que la homologación salarial no constituye un incremento del sueldo, sino un derecho adquirido en virtud de lo dispuesto en el Mandato Constituyente 002, dictado en 2008. Indicó que, en su caso, existe una sentencia que dispone se le pague desde 2010, en adelante, sin embargo, hasta ahora no se le han cancelado dichos valores.
A continuación, fueron recibidos los testimonios solicitados por Fausto Murillo. En este sentido, Santiago Peñaherrera, exdirector general del CJ, sobre la acusación de tráfico de influencias, aseveró que los audios que presuntamente involucran a dos vocales del CJ y un juez, jamás fueron entregados a la Fiscalía por la supuesta testigo protegida. Así mismo, explicó que es un tema que fue debidamente fiscalizado por la Asamblea y que entregó toda la información que fue solicitada por distintas instancias de la referida función del Estado.
Igualmente, Ramiro García Falconí, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, refutó el cargo relacionado con la presunta arrogación de funciones de Murillo. Recordó que la renuncia de María del Carmen Maldonado, expresidenta del CJ, cuyo suplente no correspondía a la misma fuente (Corte Nacional de Justicia, CNJ), generó un vacío jurídico que obligó al Pleno del CJ a aplicar el artículo 262, inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial y designar un presidente temporal, hasta que se nombre al nuevo representante de la CNJ.
Restan por recibir otras comparecencias, incluidas algunas solicitadas como pruebas de oficio, antes de que la comisión escuche los alegados del proponente y los argumentos de la defensa, fase prevista para el lunes 12 de febrero.
Asambleísta por la provincia del Guayas 2
