El golpe al crimen organizado y a la economía criminal fue una de las motivaciones expuestas en el Pleno de la Asamblea Nacional, durante el primer debate del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Delitos, que tuvo como base el informe preparado por la Comisión de Régimen Económico.
El papel de los sujetos obligados, la facultad de la UAFE para crear oficinas técnicas y la creación de unidades antilavado en otras instituciones. Además, crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva denominado (CONCLAFT) y desarrolla las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Otras observaciones fueron: la necesidad de control de los dineros mal habidos; utilización de los mismos términos de la UAFE; conformación del CONCLAFT; exigencia de un mayor control al sistema financiero, intercambio obligatorio de información; investigar a las fundaciones que hacen alianzas con gobiernos locales; e, inclusión de un delegado de la Asamblea Nacional en el CONCLAFT.