El Pleno de la Asamblea Nacional, con 124 votos afirmativos, aprobó la moción presentada por la legisladora Sofía Sánchez, para requerir la información desclasificada respecto a los procesos implementados para la liquidación de cooperativas de ahorro y crédito, así como el accionar de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Con este fin, la Comisión de Economía Popular y Solidaria realizará una investigación sobre la actual alerta en las cooperativas de ahorro y crédito de la economía popular y solidaria a nivel nacional, para que, en el plazo máximo de 30 días, presente un informe que incluirá las conclusiones y recomendaciones correspondientes. A esta comisión deberá comparecer la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández Naranjo.
Se informó que desde el 2015 hasta la actualidad, de 871 cooperativas se han disminuido a 408, por lo que se requiere conocer los informes técnicos para las disoluciones. Además, existirían 54 acciones de protección, en una de ellas el juez constitucional ha determinado que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria debe abstenerse de emitir resoluciones arbitrarias, infundadas, injustificadas, ilegales e inconstitucionales para la disolución de una cooperativa de ahorro y crédito.