Como representante de la provincia de Pichincha, he presentado ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Reformatorio a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la Implementación de Criterios de Contratación Sostenible.
Esta iniciativa nace de una convicción profunda: el Estado no solo debe ser eficiente en el uso de los recursos públicos, sino también responsable con las personas y con el planeta. Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en los procesos de contratación pública es un paso decisivo para modernizar la administración pública y garantizar que cada contrato contribuya al bienestar colectivo.
Con esta propuesta buscamos una gestión pública más ágil, transparente y orientada a resultados, que fortalezca la planificación institucional y asegure servicios de calidad para la ciudadanía. La idea es que los procesos de contratación no se limiten a escoger la oferta más barata, sino que también valoren el impacto ambiental y social de las empresas participantes.
Hemos trabajado esta iniciativa incorporando criterios académicos y directrices de las Naciones Unidas sobre sostenibilidad, de manera que las empresas que contraten con el Estado sean social y ambientalmente responsables. Esto permitirá que la evaluación de las ofertas sea más integral, equilibrando los factores económicos con los ambientales y sociales.
No se trata de incrementar la burocracia ni de encarecer los procesos. Por el contrario, esta reforma busca modernizar el Sistema Nacional de Contratación Pública, alineándolo con estándares internacionales y con los principios constitucionales de sostenibilidad y buen vivir.
Cada contrato adjudicado debe ser una oportunidad para generar bienestar, proteger el ambiente y fortalecer la equidad social. Esa es la visión que impulsa este proyecto: que la contratación pública deje de ser un trámite administrativo y se convierta en una herramienta de transformación para un desarrollo verdaderamente sostenible y responsable.
Asambleísta por Pichincha
