Hoy visité la Fundación Casa Hogar de Santa Catalina, un espacio que brinda acogida y atención a cerca de 60 personas adultas mayores en situación de calle. Detrás de cada historia hay abandono, vulnerabilidad y la necesidad urgente de protección del Estado.
Durante la visita conocimos una realidad preocupante: el Ministerio de Inclusión Económica y Social no ha transferido las asignaciones correspondientes desde el mes de diciembre. Este incumplimiento coloca en riesgo la sostenibilidad de la institución y, sobre todo, la atención digna que merecen sus residentes.
¿Cómo puede sostenerse una casa hogar sin los recursos comprometidos? La alimentación, la atención médica, el personal de cuidado y los servicios básicos dependen de estos aportes. No se trata de cifras en un presupuesto; se trata de vidas humanas.
Frente a esta situación, he iniciado un proceso de fiscalización para exigir respuestas claras y soluciones inmediatas. Este pedido no se limita a una sola institución, sino que busca verificar la situación de todos los asilos y casas hogar del país que podrían estar enfrentando retrasos similares.
Garantizar los derechos de las personas adultas mayores no es un acto de caridad. Es una obligación del Estado y un acto de justicia social. Seguiremos fiscalizando hasta que se cumpla con quienes más lo necesitan.
Asambleísta por Pichincha
