Ante las graves denuncias sobre despidos de personal médico, incluyendo casos reportados en la Maternidad Isidro Ayora, he solicitado información oficial detallada sobre la lista de funcionarios desvinculados en los sectores de salud y educación, así como el detalle de sus cargos y funciones.
No se trata únicamente de cifras administrativas. Cada profesional desvinculado representa un servicio menos para la ciudadanía: menos médicos, menos enfermeras, menos docentes, menos atención en áreas sensibles que sostienen derechos fundamentales. La salud y la educación públicas son pilares del Estado social. Reducir personal en estos sectores tiene consecuencias directas en la calidad de atención, en el acceso a servicios y en la garantía de derechos, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
Es indispensable conocer bajo qué criterios se han tomado estas decisiones, cuál es su sustento técnico y cuál será el impacto real en hospitales, centros de salud, escuelas y colegios. La transparencia es el primer paso para evaluar si estas medidas responden a una planificación responsable o si se trata de recortes que afectan directamente a la ciudadanía. No se puede ajustar el presupuesto sacrificando servicios esenciales. Atentar contra la salud y la educación pública es una decisión política que el país no debe tolerar.
Asambleísta por Pichincha
