El Pleno de la Asamblea Nacional abordó dos temas cruciales: el debate sobre la regulación de técnicas de reproducción asistida, que ordena una práctica de salud pública, y la decisión de archivar un proyecto de reformas a la Contraloría General del Estado para evitar debilitar el control público.
1. Avance en la Ley de Reproducción Humana Asistida
El Pleno conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida. Esta iniciativa, que responde a un mandato de la Corte Constitucional, busca establecer un marco médico, técnico y jurídico para estos procedimientos. Como se destacó en el debate, la infertilidad es un problema de salud pública que afecta a miles de familias. La ley no crea un servicio nuevo, sino que ordena una práctica ya existente, cuyos altos costos son asumidos actualmente por los pacientes.
Alcance y Exclusiones:
Concluido el debate, el Presidente Niels Olsen dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Salud para la elaboración del informe para segundo debate.
2. Archivo de Reformas a la Contraloría General del Estado
El Pleno tomó una decisión para proteger el sistema de control del Estado: con 89 votos afirmativos, se archivó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Riesgo de Debilitamiento: La Comisión de Justicia, a través de su ponente Marco Olmedo, advirtió que los cambios propuestos, en lugar de fortalecer el sistema de control, podrían debilitar las facultades y atribuciones del principal órgano de fiscalización de los recursos públicos.
El informe se basó en los criterios técnicos y jurídicos de la propia Contraloría General del Estado y la Procuraduría, así como de expertos en auditoría, que señalaban inconsistencias y distorsiones normativas. De la misma manera, se dejó asentada la necesidad de realizar un estudio amplio y proponer reformas significativas e integrales a la Ley de la Contraloría, enfocadas en mejorar la capacidad y eficiencia del sistema de control de la gestión administrativa y el uso de los recursos públicos.
Ambas decisiones reflejan la búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de modernizar la legislación social y la obligación de proteger la institucionalidad y los recursos públicos.
Asambleísta por la provincia El Oro
