Cumplimos con el pueblo ecuatoriano. Hoy, la Ley para la Aplicación de la consulta Popular del 19 de febrero de 2017, referente a paraísos fiscales, se hizo realidad. El Pleno de la Asamblea se allanó, según las recomendaciones del informe que preparamos en la Comisión de Justicia, a las disposiciones reformatorias primera, segunda, (numeral uno) cuarta y sexta y se ratificó en los textos aprobados por la Legislatura en cuanto a los artículos 2, 8 y 9, observados por el Ejecutivo, en este proyecto.
El procedimiento para la remoción de servidores públicos, en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados y, por último, reivindica la capacidad de la Asamblea de resolver la destitución, en caso de que la infracción sea cometida por el Presidente de la República, Vicepresidente o asambleístas.
Mediante la ratificación de estos textos aprobados por el Pleno, se salvaguarda las excepciones de aplicación de esta norma para funcionarios del servicio exterior cuya misión se desarrolle en paraísos fiscales, para quienes sean estudiantes o becarios que deseen postularse a un cargo de elección popular o función pública, a candidatos que residan en zonas calificadas como paraísos.
Sobre las disposiciones reformatorias Primera, Segunda y Cuarta, el organismo considera que las observaciones del Ejecutivo mejoran la redacción de las mismas. Por consiguiente, el Pleno debe aceptó los textos propuestos por la Presidencia de la República.
La votación se realizó en dos partes. La primera, sobre el allanamiento registró una votación de 100 afirmativos, 20 negativos y dos abstenciones; y, la ratificación, 102 votos positivos, 12 negativos 0 blancos y siete abstenciones.
América Latina deja de recaudar 320 mil millones de dólares, que equivale al 6.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) regional, por concepto de elusión y evasión tributaria, a través de los denominados paraísos fiscales. En el caso ecuatoriano, el 50 % de los capitales de las empresas provienen del exterior y el 70 % de esos recursos llegan a través de la triangulación desde paraísos fiscales, de allí que el pronunciamiento del pueblo en las urnas ordenó que sea requisito indispensable para quienes quieran ser funcionarios públicos o dignatarios de elección popular no poseer bienes ni recursos en los denominados paraísos fiscales.
Mantener recursos en esta clase de espacios perjudica al país, no solo porque se evaden las obligaciones tributarias, sino porque se prestan para camuflar bienes o para lavar dinero mal habido, sobre todo cuando provienen de presuntos actos de corrupción.
Asambleísta por la provincia de Guayas | Integrante de la Comisión De los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad | Visita mi Perfil
