Proyecto de Ley Orgánica de Derechos Linguísticos de los Pueblos y Nacionalidades

Jueves, 07 de septiembre del 2017 - 15:06 Imprimir

Desde 2008 Ecuador forjó una nueva forma de convivencia basada en la diversidad  y el respeto, en la inclusión y la participación. En los 10 años de Revolución Ciudadana se ha gobernado de la mano del pueblo, con él, para él y por él. Prueba de ello es nuestra Constitución del Buen Vivir aprobada por la mayoría de los  ecuatorianos, que es uno de los principales resultados de gobernar para los desposeídos, no para las élites; beneficiar a los pobres, no a los que más tienen; trabajar por el bien común, la equidad y la justicia social y no para los intereses de unos pocos.

Gobernar con el pueblo ha sido y será la prioridad, pero con propuestas claras, cumpliendo con el Plan de Gobierno presentado en las urnas y no con afanes desestabilizadores que impliquen desinstitucionalizar lo logrado y avanzado. Aquí no estamos dispuestos a retroceder en derechos para nadie, ni tampoco a conculcar principios, peor ceder a presiones de grupos que pretenden regresarnos a ese pasado, en donde unos pocos mandaban y pisoteban al resto.

En este sentido nuestra Constitución es clara, seguimos buscando, luchando y profundizando una verdadera igualdad, por eso nos declaramos un Estado intercultural y plurinacional, así  empieza nuestra Carta Magna en su artículo uno, reconociéndonos y respetando las diferencias. Diferencias que nos hacen un pueblo con una riqueza única que debemos promover, preservar y en algunos casos rescatar.

En el artículo dos, referente a los idiomas ancestrales, se habla de respetar y estimular por parte del Estado su conservación y uso para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan. Pero además, la Constitución nos endilga deberes primordiales a todos quienes conformamos el Estado cuando se habla de fortalecer la unidad nacional en la diversidad, en su artículo 3, numeral 3.

Mucho de aquello que se promulga se ha logrado, pero estamos conscientes de que debemos avanzar, de ahí que el Proyecto de Ley Orgánica de Derechos Linguísticos de los Pueblos y Nacionalidades nos permite continuar por el camino trazado, advirtiéndonos que la desaparición de algunas lenguas supone la pérdida de nuestra identidad y riqueza cultural que nos enorgullece a todos.

Y es que detrás de la extinción o situación crítica de una lengua ancestral hay siempre historias trágicas, historias que nos negamos a escuchar. Son los niños a quienes se les obligó a hablar español y que, como sucede en varias familias de comunidades ubicadas en Cotachi, Peguche y Otavalo, no pueden comunicarse con sus abuelos que hablan sólo su lengua materna. También son muchos de nuestros jóvenes que dejaron la escuela porque sencillamente no entendieron sus libros o las explicaciones de sus maestros, viéndose obligados a repetir el curso, año tras año, sin que nadie imagine la barrera de exclusión y discriminación que se edificó sobre ellos y que los obligó –en muchos casos- a engrosar las estadísticas de trabajo infantil. Es el drama de mujeres que fueron tratadas como “salvajes” al momento de acceder al sistema de salud público con una dolencia que simplemente no pudieron explicar y que quizá les costó la vida. Son las versiones que no fueron tomadas en el sistema judicial por falta de traductores y que discriminaron no solo a los miembros de nuestras comunidades o pueblos sino que les negó el acceso a la justicia.

Decía que hemos hecho mucho para enfrentar esta problemática. Focalizando nuestros esfuerzos en la educación y la participación ciudadana, resultado de aquello es el incremento de estudiantes de educación intercultural bilingüe de 95 mil en  2006 a más de 146 mil en 2016. Pero es momento de continuar con las acciones y acabar definitivamente con esta estructura de discriminación que culmina en la extinción de una lengua. Es momento de cumplir con lo que señala el artículo 57 numeral 29 de la Constitución cuando dice que “El Estado garantizará […]el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural”.

Con este proyecto de ley no solo nos enfrentamos a un rezago de esas prácticas de abuso y discriminación, sino a todo un SISTEMA COLONIALIZADOR que ha hecho un ejercicio muy efectivo en nuestra memoria y nuestro pueblo, motivándonos a olvidar que en Ecuador tenemos, además de una mayoría mestiza, 14 nacionalidades indígenas con sus correspondientes lenguas ancestrales, incluyendo a dos pueblos no contactados que han preferido el aislamiento voluntario.

Y si bien, este proyecto de ley tiene como objeto reconocer y garantizar los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos, no se limita únicamente a su aplicación en el espacio lingüístico. Quizá por ello, es importante aclarar que éste no es un mero esfuerzo de reivindicación de ciertas lenguas en situación crítica o extinción, es la materialización de una lucha de cientos de años de las comunidades, nacionalidades y pueblos que lejos de permanecer impávidos ante el debilitamiento de sus lenguas, reaccionaron de forma organizada y enérgica construyendo la propuesta de ley orgánica de derechos linguísticos de los pueblos y nacionalidades que hoy analizamos.

Esta ley no puede demorar. Debemos aceptar que luchamos contrarreloj. Según un estudio del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador el 32,6% de los indígenas ecuatorianos (es decir casi 332 mil miembros de una comunidad, pueblo o nacionalidad ancestral según el último censo poblacional) domina solamente el idioma castellano, lo que refleja que más de una tercera parte de este segmento de la población perdió su idioma ancestral.

Un dato que advierte la grave situación lingüística que también expone “el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro” señala que en Ecuador se registran 2 lenguas extintas, 2 lenguas en situación crítica, 4 lenguas en serio peligro, 6 en peligro y 1 en situación vulnerable. 

Según el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina CIESPAL, en 1950, un 14% de la población ecuatoriana hablaba lenguas ancestrales, mientras que en 1990 apenas son el 3,7%.

Este no es un problema solo de nuestro país, 30 mil lenguas han desaparecido en el mundo; de las 7 mil que se hablan actualmente, 3 mil están en peligro de desaparecer.

Pero aún estamos a tiempo. Mientras haya un solo hablante competente, incluso siempre y cuando exista documentación medianamente idónea de una lengua, estará abierta la posibilidad de revitalizarla y reinsertarla a la sociedad. Por esa razón, con el compromiso de todos, podemos lograr que muchos de nuestros niños y jóvenes en familias que hablan lenguas ancestrales obtengan las garantías para aprender la lengua de sus padres y la vean, no como un marca de exclusión, sino como lo que realmente es: un tesoro, un valor, un derecho, derecho que garantiza la igualdad real que, además, es una obligación del Estado establecida en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución. 

Como vemos, este proyecto es urgente porque CON ÉL cumplimos lo establecido en el artículo 57 de la Constitución donde “se reconoce y garantiza a las comunidades, pueblos y nacionalidades […] Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad” viabilizando así, después de siglos de exclusión, uno de los deberes primordiales del Estado que es Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de nuestros derechos.

Con este proyecto de ley no solo se pretende mantener nuestra identidad, sino sobre todo luchar contra todo tipo de discriminación que motive una verdadera libertad de expresión; un sistema educativo que no discrimine a nuestros pueblos, que logre disminuir la deserción escolar y aumente el acceso a niveles superiores de educación; además de un sistema judicial sin barreras culturales; una estructura que conserve la unidad familiar y la continuidad de nuestras tradiciones y conocimientos; y un espacio de acceso a servicios públicos de calidad y respeto. En definitiva estamos promoviendo UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, sin exclusiones ni dominaciones de ningún tipo.

#LeyLenguasAncestrales será sometida a Consulta Prelegislativa. Gobernar con el pueblo sin retroceder en derechos ha sido y será prioridad! pic.twitter.com/QX9c0oxTpw

— Marcela Holguín (@marcelaholguin) 7 de septiembre de 2017

Marcela Holguín
Asambleísta por Pichincha Unión por la Esperanza - UNES

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