Una rueda de prensa fue el escenario donde los asambleístas Marcela Holguín y Pabel Muñoz, del distrito centro-norte de Quito, dieron a conocer su pronunciamiento sobre el proyecto de movilidad Quito cables, que se construirá en el noroccidente de la ciudad por iniciativa del Municipio del Distrito Metropolitano.
Muñoz se pronunció por la suspensión del proyecto. A su criterio, el mismo no tiene un plan que solucione los problemas de movilidad de los barrios del noroccidente de Quito, por falta de estudios técnicos en la fase precontractual que especifique las evoluciones financieras y socioeconómicas. También advirtió que el impacto económico es negativo para las zonas por donde pasaría la línea del Quito cables y porque el proyecto presenta demora en la construcción.
Indicó que las autoridades competentes tampoco consideraron las denuncias de la ciudadanía sobre la afectación a los barrios, ni se realizaron jornadas serias y responsables de socialización del proyecto. "Es necesario responder a otras demandas que tienen los moradores, como la dotación de servicios básicos; nunca nos opondremos a las obras que sirvan para el desarrollo de la ciudad", reiteró.
La legisladora Marcela Holguín sustentó que luego de visitar los sectores afectados por donde pasaría la ruta del Quito cables, los habitantes proponen ampliar la Av. Machala y aumentar el número de buses en horas pico como alternativas a la viabilidad de los barrios del noroccidente de la urbe. “Es preocupante que la construcción del Quito cables sea de 44 millones de dólares, pero que si se implementan otras alternativas el costo para la municipalidad será menos de 22 millones de dólares”, afirmó.
Por otra parte, dijo que alrededor de 20 mil personas serían afectadas por la construcción del proyecto, mientras que 200 personas serían desalojadas, por lo que llamó a las autoridades a buscar otras alternativas que tengan menos impacto en los habitantes.
“No nos opondremos a que este proyecto se desarrolle, siempre y cuando cumpla los estándares de calidad, mejore la movilidad de los ciudadanos e incluya la participación de los afectados en la toma de decisiones”, finalizó.
EE/pv
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