Todos estarán de acuerdo que: la impunidad en cualquier tipo de acto violento no solo agrava los efectos de esa violencia, sino que desnuda nuestras propias limitaciones y nos evidencia como una sociedad en la que la agresión se ha vuelto un mecanismo de control, incluso, institucionalizado. Cuando el Estado no se responsabiliza, los autores de los actos violentos no son detenidos y deambulan sin ningún tipo de sanción por la calle y todos nosotros, debo decirlo con vergüenza, no reaccionamos y levantamos nuestra voz, la impunidad triunfa, entonces, alienta nuevos casos y transmite el peligroso mensaje de que: no existe justicia, que estamos solos. Un mensaje que, pese a no ser verdad para la gran mayoría de ecuatorianos, sí ha sido la realidad de millones de mujeres en el país. Víctimas de un sistema judicial que en vez de tomar todas las medidas de protección a su favor y actuar con todo el peso de la ley contra sus agresores, primero las cuestionaba, poniendo en duda su “buen comportamiento” y luego preguntándose si merecían convertirse en víctimas. Al final, aunque parezca falso, en muchos tribunales se escuchaba la sanción moral de: “Ella se lo buscó”. Una verdadera degeneración de la justicia que perpetuó las causas, actitudes y acciones que le costaron la vida, solo en el 2017, a 151 mujeres.
Vivimos en un país en el que no se regulaban los delitos de violencia contra la mujer, pues “se olvidaron” de generar los procedimientos adecuados, un país en el que nos vemos obligadas a leer a diario, por lo general en crónica roja, como se acumulan los nombres de madres, esposas, novias, hijas, sobrinas, compañeras, amigas, todas víctimas mortales de criminales que cegaron su existencia por el solo acto enfermo de que podían hacerlo y evitar las repercusiones. Debemos, y creo que este es una obligación de todos, reconocer que además de no asegurar el acceso a mecanismos de justicia a las mujeres sobrevivientes y a las familias de las mujeres víctimas, se habían empezado a construir verdaderos procedimientos de IMPUNIDAD que manipulaban el sistema judicial para hacer pasar FEMICIDIOS, cuya pena podría llegar incluso a 34 años de prisión, por Homicidios cuya pena es de 13 años, menos de la mitad de la sanción que se merecían.
Sin embargo, los vacíos legales no eran el mayor problema que enfrentábamos. El mayor inconveniente era que los agresores habían convencido a las víctimas que ellas eran las culpables de “su propia desgracia”, así lo demuestra una investigación realizada por Amnistía Internacional en 2005 (ICM Research) que asegura que la sociedad piensa que la mujer es responsable de una agresión sexual por coquetear (en un 33% de los casos), por vestir sexy (26%), o por haber tomado alcohol (30%). Esto mientras nada dicen sobre la responsabilidad de los agresores. Pero, ciudadanos, hay que ser claros en esto: la provocación no está en la conducta de las mujeres, sino en la mente de los agresores.
Habíamos sido irresponsables por demasiado tiempo y –lastimosamente- muchas mujeres habíamos tolerado de forma expresa o tácita, la impunidad de tanta violencia. Quizá porque en nuestras casas, escuelas o colegios nos seguían repitiendo que parte de ser “mujercitas” era soportar la intimidación o los insultos; que cuando nos, entre comillas, aman, es normal que nos celen, controlen y reclamen; o, quizá porque simplemente teníamos miedo de decir BASTA, ni una menos.
Tuvieron que morir más de 308 mujeres, desde que en 2014 se aprobó el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para que este año finalmente contemos con una Ley cuyo objetivo sea erradicar la violencia contra nosotras, una ley que reconozca diferentes ámbitos de violencia y nos proteja integralmente; una ley que que se convierta en el apoyo necesario para cientos de ecuatorianas, que aún NO se atreven a decir ¡basta! Basta de permitir que se violen nuestros derechos humanos; basta de impunidad para aquellos que sin vergüenza nos agreden, acosan y discriminan; basta de ser cómplices porque no nos atrevemos a denunciar los atropellos que presenciamos y a los que, estoy segura, todos rechazamos, aunque lo hacemos – lastimosamente - en silencio; Basta de reproducir los estereotipos sexistas que se esconden en los piropos y que son verdaderos ejemplos de la violencia más común a la que se exponen nuestras hijas y hermanas desde muy pequeñas: la violencia callejera. Imagino que muchos dirán qué daño puede hacer un “piropo”, pues les sorprenderá saber que muchos culminaron en excusas de femicidios.
A la Ley a la que me refiero, compañeros presentes, es a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, un cuerpo normativo que se transformó en un homenaje de todas las víctimas que trataron de silenciar pero que, gracias a esta Ley, sus voces se escuchan más fuertes que nunca.
Todos debemos conocer esta ley que es el resultado de hombres, mujeres, adolescentes, grupos, asociaciones, conglomerados y diferentes organismos internacionales. Esta ley que es el símbolo de que las mujeres estamos más unidas que nunca y que pretende enfocar la acción del Estado en la prevención y erradicación de la violencia. Para ello, crea el Sistema de Alerta Temprana que busca identificar el riesgo de una posible víctima y activar inmediatamente los servicios de protección y atención. Evitando que una relación “tóxica” culmine en un femicidio o asesinato. Recuerden según las estadísticas oficiales el principal autor de un femicidio es el esposo o la pareja de la víctima. ¿Saben por qué sucede esto? Porque muchos de nosotros aún creemos que la violencia en la pareja es un problema de hogar, un problema puertas adentro, un problema en el que no debemos meternos. El resultado de esa pasividad, en muchos casos, es el femicidio. Por eso es importante denunciar. Recuerden, hacerlo puede salvar una vida.
En ese sentido, otro importante implicación positiva de esta ley es que ahora cualquier persona que tenga conocimiento del cometimiento de hechos o actos de violencia podrá exigir acciones urgentes y medidas administrativas de protección inmediata, a favor de la posible víctima. Con esto buscamos que la sociedad se responsabilice y se atreva a denunciar la agresión contra cualquier mujer.
También, me gustaría tomarme unos segundos para contarles de otro importante avance de esta Ley. Me refiero a la reparación integral en dos ámbitos. Reparación por daño inmaterial que es por todo el sufrimiento que puede dejar secuelas en la víctima o sus allegados y reparación por Daño material en el que se exigirá la compensación por pérdida de ingresos de las víctimas o por gastos causados a consecuencia de la agresión. Una medida necesaria si consideramos que cientos de mujeres pierden sus ingresos económicos porque luego de ser violentadas, simplemente, no pueden ir a trabajar. ¡Basta! ¡Ya no están solas!
Finalmente, pero no menos importante, esta ley implica un verdadero avance pues busca persuadir al Gobierno a que fortalezca sus planes para luchar contra la violencia con especial énfasis en el sector educativo en el que se establecen acciones concretas para proteger a nuestras niñas e iniciar el cambio desde allí. Si lo hacemos bien evitaremos no solo la culminación de una serie de actos violentos sino que desmantelaremos uno de los problemas más comunes en el país que es resultado de prejuicios y violencia, me refiero al acoso.
Para culminar, no quiero dejar pasar esta oportunidad para volver a reconocer el trabajo de todos los que participaron en la construcción de esta Ley y, sobre todo, agradecer de corazón el compromiso de todas las mujeres que, pese a los obstáculos impensables que tuvieron que enfrentar, se sumaron a esta lucha por respeto, equidad y, en definitiva, por la defensa de nuestras vidas. ¡Muchas Gracias! Los objetivos que logramos cumplir en menos de 6 meses de trabajo en la Asamblea Nacional, en realidad son sus conquistas. Sin embargo, creo que también este es el momento para recordar que: La Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, sin duda, es un importante hito, pero no el objetivo final. En todo el país aún hay cientos de mujeres y niñas que todavía luchan por gozar plenamente de sus derechos, incluso por sobrevivir a la violencia y a pesar de que ahora hay un cuerpo normativo, mayor sensibilización sobre la violencia y mecanismos estructurados para enfrentarla, en lo que va del año, ya llevamos más de 20 femicidios. Nuestro compromiso es no detenernos hasta que esto cambie, hasta que la gran mayoría de ecuatorianos no tolere la violencia contra la mujer en ningún ámbito y todos nos atrevamos a denunciar. El silencio nos puede costar la vida. En ese sentido, mi compromiso con esta causa sigue latente, todavía hay mucho por hacer.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Visita mi Perfil
