Quiero, en primer término señalar que lamento profundamente la oportunidad que perdimos al tratar las reformas la Ley de Comunicación y de las cuales hoy discutimos un veto presidencial, sin duda, era el momento adecuado para pasar de una ley reguladora a una ley propositiva. Lamentablemente esto no pasó de ser un deseo. Esta reforma no solo que no garantiza más derechos sino que, por el contrario, los restringe.
Estamos a puertas de tener una Ley de Comunicación que judicializa la práctica periodística: pasando de un extremo al otro: de la sanción excesiva a la judicialización, y cuyo mayor riesgo será dejar en la indefensión a todos quienes no tengan plata, influencias o tiempo para enfrentar una causa en el sistema judicial, causa que pudo haber sido resuelta mediante los mecanismos de conciliación echados al traste de basura en esta reforma.
Tendremos, además, una Ley que irrespete lo que exige la propia Constitución en su artículo 17: “fomentar la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y no permitir el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias”. Y ahora resulta que vamos a tener precisamente aquello que nuestra Constitución prohíbe.
Hoy, nosotros tomaremos una decisión que podría engrosar la lista de los grandes retrocesos que ha sufrido el país en este año 9 meses. Y es que fue aquí, en el segundo debate en donde se eliminó la disposición general octava, poniendo en riesgo la democratización de las frecuencias con la figura de renovación directa, e hiriendo de muerte a los medios comunitarios. Con el veto, me pregunto, lo van a volver a hacer???... Vamos a dar la espalda a los medios comunitarios?, a la ciudadanía y a nuestra propia Constitución???
Cómo es posible, por ejemplo, que el veto del ejecutivo, considere ingenua o maliciosamente que las condiciones entre los medios comunitarios y privados son equiparables y similares???... Proponer ELIMINAR todas las medidas afirmativas que beneficiaban a los medios comunitarios evidencia, una vea más, el espíritu de estas reformas: convertir a la Ley en una ley de extremos.
Qué mas extremo puede ser el hecho de pretender otorgar frecuencias de forma retroactiva, sin pasar por un concurso y tan solo con un informe técnico jurídico como único requisito… Este veto no sólo es restrictivo en derechos sino también inconstitucional…
Pero eso no es todo: ahora se pretende aumentar el porcentaje de asignación de frecuencias a los medios privados, que se propone sea de 56%, en detrimento de los públicos: 10% y los comunitarios, a quienes se les otorgaría HASTA 34%, HASTA, PODRIA SER MENOS: Y EL PORCENTAJE RESTANTE??? PARA DONDE IRIA???... Pero además, a los privados, el veto les da la posibilidad de ser parte de compañías propietarias de frecuencias para medios comunitarios…
PERO TODO ESTO, AL PARECER, ES INSUFICIENTE, LA AMENAZA ES TAMBIEN PARA USTEDES: LOS PERIODISTAS AL PRETENDER ELIMINAR LA RESPONSABILIDAD solidaria de los medios de comunicación: los periodistas no contarán con el respaldo del medio para el cual trabajan…
El problema no es que dan la espalda a los medios comunitarios y a los trabajadores de la comunicación … NO, ESO NO BASTA… también se pretende eliminar las acciones afirmativas a pueblos y nacionalidades indígenas al quitar la obligatoriedad de los medios de difundir en su programación diaria 5% de contenidos interculturales.
Pero hay más actores es riesgo: de allanarnos a LOS VETOS SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO (que la Comisión de Derechos Colectivos siguiere se rechacen) perderíamos la oportunidad de ciudadanizar el CORDICOM, es decir de DEMOCRATIZAR LA COMUNICACIÓN.
Y si hablamos de libertad de expresión, es importante saber que el veto del ejecutivo no soluciona la reforma al artículo 18 de la LOC –aprobada en este pleno- que crea la posibilidad de CENSURA PREVIA por parte de los ACCIONISTAS, SOCIOS y ANUNCIANTES de los medios. Con ello, bastará que el Estado sea anunciante para censurar a medios y trabajadores.
Los riesgos para los trabajadores de la comunicación no se limitan a los periodistas sino que se intenta acabar con una de las industrias de mayor crecimiento en el país en los últimos años. Me refiero: a la producción audiovisual y publicidad nacional. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) publicó en 2017 un estudio que determinó que de 2010 a 2014, la industria publicitaria creció en un 102% y la audiovisual en casi un 63%. Lo que generó un total de más de 601 mil millones de dólares.
Saben cuál fue el impacto de apoyar a la industria audiovisual??? ENORME: en 2007 se estrenaron 2 películas ecuatorianas, 7 años más tarde la cifra subió a 16. Pese a todo ello, el veto presidencial pretende derogar el artículo 98, supuestamente por que incumple con tratados y convenios internacionales. NO, NO SE ENGAÑEN, ES BUENO QUE SEPAMOS LO QUE EL EJECUTIVO NO ESTA CONSIDERANDO: Primero que ninguno de los otros países miembros DE LA OMPI liberó de forma total sus industrias audiovisuales y que por lo contrario cuentan con políticas de protección; y, Segundo que nuestro país es suscriptor de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001 y la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005. Lo cual nos exige proteger nuestras industrias culturales.
ACEPTAR el veto significa dejar sin trabajo a cientos o miles de ecuatorianos vinculados a esta industria, en un momento en el que la mayor preocupación de los ecuatorianos es el desempleo. Más de 360MIL ecuatorianos se encuentran desempleados.
Además, la propuesta es regresiva, en consideración, del artículo 19 de la Constitución que nos exige fomentar la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.
Yo sí creo en la producción audiovisual nacional, yo sí creo en la capacidad de nuestra gente y yo defiendo y defenderé el trabajo de los ecuatorianos…
Hoy, ahora, tenemos la oportunidad de demostrarle a la ciudadanía de que lado estamos nosotros: profundizar los derechos ciudadanos o el privilegio de unos pocos… los ecuatorianos sabrán juzgar.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Visita mi Perfil
