La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, resaltó más de una docena de beneficios que se lograría con el proyecto de Ley Orgánica de las Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana y Orden Público. En cuanto a los salarios, que son heterogéneos, dependiendo de cada institución, dijo que se busca homologarlos de acuerdo con los perfiles y funciones. Indicó que en esta iniciativa legal también se pretende incorporar un enfoque de género.
Antes, la legisladora precisó que la norma regula atribuciones y competencias, estructura jerárquica, grados, carrera, ingreso, capacitación, formación, evaluación, ascenso de personal y régimen disciplinario del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria y Comisión de Tránsito del Ecuador, que son parte del Ejecutivo, así como de Bomberos, Agentes de Control Municipal, Agentes Civiles de Tránsito, que son competencia de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Precisamente, la formación del personal de las entidades complementarias de seguridad es otra de las categorías que se homologan y que sufre cambios, según la asambleísta. Comentó que en la actualidad cada entidad brinda la capacitación de forma descoordinada, pero que con la ley la capacitación y formación serán bajo criterios de educación superior. En cuanto a la carrera, advirtió que no existe en toda las instituciones, sin embargo con el proyecto se plantea que si acredita los requisitos para su ascenso y no existe vacante continuará en servicio en el mismo grado sujeto a evaluación.
Así mismo, María Augusta Calle se refirió al asenso, evaluación, grados y estructura, como otro de los beneficios de la norma. Sobre el primer tema manifestó que con esta ley existe la posibilidad de cambio de nivel operativo a directivo, que hoy no es posible; mientras que sobre la evaluación aseveró que no existen parámetros objetivos, pero con el proyecto se determinan valoraciones del desempeño físico, médico, académico, entre otros. En los grados argumentó que se unifican las denominaciones de los agentes a nivel nacional y sobre las estructuras señaló que se establecen estructuras similares para todas las instituciones.
En cuanto al régimen disciplinario detalló que se determinan faltas disciplinarias, sanciones y procedimientos; en la tenencia y porte de armas expresó que se incluye la limitación de uso de armamento no letal para entidades de los GAD. También mencionó que se establecen derechos y obligaciones en cuanto a la remuneración, profesionalización, formación, estabilidad y equipamiento. Un tema que enfatizó la asambleísta es que los bomberos voluntarios contarán con seguro de vida, uniformes y equipo de protección.
Destacó además que se establecen niveles de gestión homologados, desde la gestión operativa hasta la conducción. Lo más importante de esto es que quienes entren desde los niveles inferiores pueden llegar a los más altos, a través de la formación continua, añadió.
En términos generales, explicó que el proyecto tiene tres títulos, el uno sobre las generalidades, es decir, objeto y ámbito, derechos y obligaciones, carrera, ascenso, cesación y jornada de trabajo; en el segundo se incluye las facultades y competencias, personal y nivel de gestión y aspectos específicos; y, en el último se encuentran las normas generales, los tipos de sanción, régimen disciplinario general, régimen disciplinario específico y procedimiento de sanción.
La asambleísta comentó que es un primer borrador, que podrá ser mejorado. “Esperamos que así como el texto original, enviado por el presidente de la República, Rafael Correa, hace un año y medio y que ha recibido observaciones de más de 21 organizaciones y que se debatido en 15 sesiones, pueda ser enriquecido. Estamos tratando un tema muy importante. Espero que abordemos este debate desde la máxima responsabilidad parlamentaria”, sostuvo.
María Augista Calle explicó que de la propuesta original se eliminaron dos transitorias. En la una se establecía el traslado voluntario del personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y en la otra se determinaba la homologación de perfiles y salarios a los de las FF.AA y Policía Nacional. También se retiró del proyecto a la Guardia Nacional Ambiental.
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