Durante las primeras horas de la continuación del segundo debate del Proyecto de Código Orgánico del Ambiente, se hicieron algunas observaciones. Sin embargo, en la segunda hora, se analizó de forma constante el hecho de que según el Código, se le daría demasiadas atribuciones a la Autoridad Nacional Ambiental, pues según explicó la asambleísta María Augusta Calle, es necesario reformar el mecanismo de control, para evitar que se convierta en juez y parte. Además, aseguró que es necesario crear una Superintendencia o una Agencia de Regulación de Control, para que sea quien tome decisiones.
Con respecto a ese tema, Marcela Aguiñaga, aseguró que es innecesaria la creación de más institucionalidad, pues el ente rector en materia ambiental en el país es el Ministerio del Ambiente (MAE). Pero el legislador Henry Yánez, aseguró que justamente ese es un problema, porque el MAE amparado en la Ley de Gestión Ambiental, se convirtió en juez y parte, por lo que coincidió con María Augusta Calle, en que era necesario crear una superintendencia autónoma e independiente, que a futuro debería ser nombrada por la Asamblea Nacional.
Preocupación mundial
El asambleísta Armando Aguilar, quien hace pocas semanas estuvo en México, en un foro sobre ambiente, en donde estuvieron parlamentarios de 17 países, aseguró que la preocupación de lo frágil que se vuelve la seguridad alimentaria a causa del calentamiento global es mundial. “Con la aprobación del Código Orgánico del Ambiente garantizamos los derechos de la naturaleza y asumimos el compromiso para enfrentar los efectos graves para la vida del planeta y de la especie humana”, dijo.
Aguilar además mostró una preocupación, pues aseguró que aún están en deuda con el mandato de dictar una ley para establecer una circunscripción territorial especial para la Amazonia, con aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, para garantizar la protección de los ecosistemas. “Es necesario que el Ejecutivo presente su proyecto de ley de forma inmediata”, insistió.
Alfredo Serrano habló sobre la situación en Galápagos y dijo que la provincia funciona bajo un Régimen Especial y por ello también tiene un gobierno especial, por lo que pidió que Galápagos se mantenga al margen del código. Sin embargo, para Marcela Aguiñaga, eso no es posible, porque a pesar de que están conscientes que existe un Régimen especial, no dejan de ser parte del Ecuador, por lo que deben funcionar en armonía con los cuerpos legales que existen y que se aprueben, criterio que compartió el asambleísta Carlos Viteri.
Socióloga y Comunicadora es su formación profesional. Activista por los derechos humanos y el derecho a la comunicación, luchadora por la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la libertad y la just..
