El Pleno de la Asamblea, aprobó la denuncia de 12 convenios para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con China, Chile, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia. Todos tienen sentencia de la Corte Constitucional, que determinó que son inconstitucionales. La idea es renegociar, pero en igualdad de condiciones, dijo María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales.
La Comisión estudió los instrumentos jurídicos y preparó los informes para conocimiento del Pleno. La Legisladora, explicó que los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) contradicen el artículo 422 de la Constitución. Se refiere a la prohibición de celebrar tratados en los que Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial.
Al aprobarse la Constitución del 2008, hubo un cambio radical en las instituciones y se modificaron las condiciones, explicó Virgilio Hernández, en el debate. Mientras que Ximena Ponce, enfatizó que las controversias deben solucionarse bajo las normas nacionales y que las nuevas negociaciones deben tener un equilibrio entre las partes. "No se pueden aceptar las condiciones de las corporaciones", dijo Rosana Alvarado. y aseguró que no solo es un término de soberanía, sino de dignidad.
Según explicó María Augusta Calle, los TBI tienen una cláusula “paraguas”, a través de la cual el Estado ecuatoriano se compromete a cumplir cualquier otro compromiso sobre inversiones que hubiera asumido con inversionistas extranjeros. En tanto, no contempla una cláusula de bifurcación mediante la cual un inversionista extranjero debe optar por recursos internos o el arbitraje internacional, sin recurrir después a una tercera opción. Sin esta inclusión pueden replicar demandas en distintos foros simultáneamente, lo que implica un fuerte riesgo económico para el Estado, con impactos socio-económicos desfavorables y daños ambientales, acotó.
Como consecuencia, Calle aseveró que Ecuador ha sido demandado en 26 arbitrajes y, de acuerdo con la Procuraduría General del Estado, los laudos contra el Estado suman 1.828 millones de dólares, mientras que la cuantía demanda (arbitrajes activos y terminados) es de 12 mil millones de dólares. En tanto, afirmó que entre el 2003 y 2013 el país desembolsó 155 millones por pago a bufetes de abogados y otros gastos de arbitraje. El 50% de empresas demandantes operan en la explotación del petróleo, entre ellas Chevron II, Perenco, Encana y Oxy II.
La Asambleísta agregó que esos desembolsos, que hasta mayo de 2015 fueron de más de 300 millones de dólares, afectan la capacidad financiera de programas públicos sociales, lo que correspondería a la construcción de 110 escuelas del milenio, adquisición de 10 hospitales móviles con 220 camas; y, planes de vivienda para 52.763 familias, entre otros servicios.
Al mismo tiempo, descartó que los TBI hayan traído inversión, más bien dijo, significan un alto riesgo para el país y dio datos. Manifestó que entre 2000 y 2013, la inversión extrajera directa correspondía al 1,11% del PIB. Señaló que, pese a que Ecuador es uno de los países que más ha suscrito estos tratados, recibió solo 0,79% de la inversión extranjera en nuestra región.
Estado de los TBI
Desde 1965, Ecuador negoció 30 TBI, 27 entraron en vigencia. Con Panamá y Costa Rica no tuvieron validez por falta de suscripción entre las partes y con Rusia, el país amigo, no lo ratificó, mientras que con Egipto, culminó en 1995.
La mayoría se suscribieron entre 1992 y 2002, pero en 1998 y en 2008 Ecuador contó con nuevas constituciones, por lo que no se ajustaban a sus mandatos y la Corte Constitucional los declaró como inconstitucionales.
A raíz de la vigencia de la Constitución de 1998, el país denunció nueve tratados, mediante notas reversales, sin que pasen por el Parlamento: con Uruguay, República Dominicana y Guatemala ya no están vigentes, pero con El Salvador, Cuba, Nicaragua, Honduras, Paraguay y Rumania, rigen aún, por la cláusula de supervivencia de 10 años, que concluye en el 2018.
En tanto, bajo la Constitución del 2008, denunció el TBI con Finlandia y su proceso concluyó con la publicación en el Registro Oficial en 2011. De igual forma, comenzó la denuncia con Alemania, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Suecia y Francia, que ya fueron aprobados en el Pleno, pero está pendiente su publicación en el Registro Oficial. Las denuncias de los Tratados con Chile, China, Venezuela y Países Bajos, no alcanzaron los votos requeridos en el 2010 y 2011.
Virgilio Hernández, explicó que para que un tema vuelva a tratarse en el Pleno, cuando ya antes no tuvo votos, tiene que haber circunstancias, como el paso del tiempo; que existan nuevas condiciones que obligan a tratarlo; o, que la Corte obligue a volver a tramitarlo.
El pasado 21 de abril, la Corte Constitucional dispuso a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, según el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y dentro del término de 60 días, incluya el tratamiento de los informes correspondientes a la denuncia para que tome una resolución e informe a la Corte.
En ese mismo mes, el Consejo de Administración Legislativa resolvió solicitar a la Comisión de Relaciones Internacionales, que presente el alcance a los informes del período 2009-2013, respecto de cuatro instrumentos internacionales suscritos con China, Chile, Venezuela y Países Bajos.
LILA/pv
Socióloga y Comunicadora es su formación profesional. Activista por los derechos humanos y el derecho a la comunicación, luchadora por la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la libertad y la just..
