La Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, María José Carrión, presentó ante la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) de los artículos 21, 22 y 79.
En su intervención destacó el concepto de que “La fiscalización tiene que ver con la representación política, y el Poder Legislativo sin duda se convierte en todas las representaciones políticas de un Estado”, además de que “la fiscalización es un mecanismo social para el control”.
Destacó que la ONU a nivel mundial planteó hace 50 años que "se trata a la fiscalización como una responsabilidad social y con una responsabilidad que tiene que ver con la representación. (…) se trata del control del pueblo que designa a sus legisladores a las otras funciones del Estado”.
Además enfatizó que la Declaración de Lima del 2009 plantea “que debe haber principios en el control como medio y no como fin”. El fin debe ser reducir los problemas sociales por casos de corrupción y aumentar la transparencia y el acceso a la información”, para asegurar que los recursos económicos del Estado, se inviertan de manera adecuada, indicó la Presidenta.
La propuesta que refiere a los artículos 21 y 22 de la LOFL se basa en la siguiente pregunta: ¿Qué capacidad real puede tener un legislador al participar de dos comisiones? El planteamiento es que la Comisión de Fiscalización sea permanente y especializada, es decir, que tenga las mismas características de las 12 comisiones restantes, donde los legisladores representan a una sola comisión. El mecanismo de aplicación de la propuesta se basa en una transitoria, a partir del 14 de mayo del 2017, para no afectar la distribución de las comisiones actuales.
También se deben construir mecanismos adecuados, ya que los equipos de trabajo y recursos en relación al trabajo de fiscalización y control político, son escasos, y los temas son muy amplios. Las unidades técnicas tampoco son la solución, ya que la propuesta es que las comisiones cuenten con el apoyo de equipos especializados dependiendo de los temas a analizar. La responsabilidad es de los legisladores, porque el voto de los ecuatorianos es para los asambleístas y no para las unidades técnicas, destacó la Dra. Carrión.
Otra propuesta dentro de la transitoria es el diseño de un reglamento interno de la Comisión de Fiscalización para que la Asamblea Nacional provea del personal temporal necesario en el caso de juicio político.
Un pedido expreso de la Dra. Carrión, a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, fue que si bien todos los asambleístas tienen la facultad de fiscalizar y solicitar información, es importante que se analice destacar la pertinencia de la información solicitada. Deben destacarse los límites del rol de control y del rol fiscalizador. Esto con el afán de no vulnerar los derechos de información personal o de información sin relevancia para el accionar de un asambleísta, incluso ante un pedido de información personal, debería existir la autorización expresa de la persona, como lo indica el artículo 66 numeral 19 de la Constitución 2008.
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Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión De los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social | Movimiento Patria Altiva i Soberana
