El acoso y la violencia política contra nosotras aún existe. No es un mito se mantiene latente en nuestro país.
No es fácil admitir que te han violentado; y me refiero a haber sido violentada en cualquiera de sus formas. En el tema que trataré hoy, que es la violencia y el acoso político contra las mujeres puede ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política: en las instituciones públicas, en los recintos de votación, al interior de los partidos políticos, en las campañas, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, y también a través de los medios de comunicación.
María del Carmen Alanís define la violencia política como “todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos”…. Y, al acoso político como una de sus formas.
He sufrido en primera persona agresiones y amenazas durante el período de campaña, la inseguridad de ser violentada mientras caminaba y me presentaba como candidata, y ya siendo electa, incluso la asignación a comisiones con poco trabajo legislativo o en áreas fuera de la especialización de la legisladora, son algunos ejemplos de violencia de la que he sido victima.
Quienes hoy estamos en la arena política, estamos llamados a demandar el establecimiento de una línea base responsable y a fomentar desde cada una de nuestras trincheras, la discusión amplia y plural de las características del acoso político, y sus gravísimas consecuencias en el ejercicio de la democracia.
¿Pero qué debe hacer el Estado? Ecuador es suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará; y más declaraciones internacionales de protección de los derechos políticos de las mujeres. En Ecuador, también contamos con disposiciones constitucionales con enfoque de género y esfuerzos históricos como la paridad y equidad de género para las candidaturas en las elecciones pluripersonales y en la integración de los órganos de dirección de las organizaciones políticas. Lamentablemente, a pesar de estos instrumentos, las mujeres continuamos siendo objeto de discriminaciones.
Al prepar esta intervención junto a mi despacho, notamos que la mayor parte de trabajos investigativos están dirigidos a analizar los efectos de la ley de cuotas y en el caso ecuatoriano, a la obligación constitucional de integrar con criterios de paridad de género todas las listas pluripersonales. Hito histórico para nuestra participación, sin duda, pero persisten obstáculos igual de importantes, que solo podrán superarse con la implementación de políticas públicas consecuentes con la desigualdad histórica que ha debido sortear la mujer ecuatoriana y latinoamericana.
Y uno de esos obstáculos es precisamente el acoso y la violencia política a las mujeres lideresas. Actitudes de agresión a las representantes atentan con su ejercicio democrático y golpean sin duda el logro de la igualdad y la autonomía de la representación.
Aquí quiero hacer referencia al caso boliviano, pionero en la promulgación de una ley que aborda de manera directa la problemática del acoso y la violencia política, la Ley 243, y en la que definió el acoso político al acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
Ecuador no se ha quedado atrás; hace más de un año se expidió la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; ley que lejos de ser perfecta, nos brindó definiciones importantes, y más allá de eso, se asumió el compromiso nacional para promover la aplicación de políticas integrales y transversales para las prevención y atención de las víctimas de violencia por razones de género.
Ha sido lamentable conocer, que luego de mesas de trabajo que se realizaron en la Asamblea Nacional, la implementación de la ley aún es incipiente y que hay mucha y tarea pendiente para los ejecutores.
Quiero compartirles que cuando fui candidata, hice una campaña muy modesta a nivel nacional, durante la campaña pude palpar los peligros a los que estamos expuestas las mujeres. Situaciones de vulnerabilidad en los traslados, así como intimidaciones y hasta actos de violencia verbal e incluso física en condiciones en las que a un hombre no se vería expuesto.
Es increíble, pero existe “una forma específica de vulneración de derechos contra las mujeres políticas”. A nosotras nos difaman, buscan quebrarnos con insultos a nuestra honra; a nuestra calidad de esposas; a nuestra calidad de madres; buscan ofendernos en nuestra calidad de mujer. Nosotras preparamos la merienda, revisamos deberes de los chicos, nos encargamos de la administración del hogar, y nosotras también estamos en la arena política. Es de suma importancia que entiendan y seamos reconocidas por esto.
En lo objetivo: varias son las tareas pendientes para la legislación; entre ellas impulsar normativa específica en materia de prevención; atención y reparación de actos dentro de la violencia política; también contar con investigaciones serias que brinden a la ciudadanía estadísticas de concienciación de esta problemática y que sirvan de insumo para la elaboración de políticas públicas y para la construcción de marcos normativos adecuados y aterrizados.
Quiero dejar algunas ideas para la reflexión, debemos debatir la necesidad de crear una gran plataforma de información nacional en la cual se ventilen temas de acoso y violencia política, en el ámbito político y público. Hablemos sobre la urgencia de contar con datos y estadísticas serias en el país, que reporten la incidencia del fenómeno de violencia política por razón de género; emulemos experiencias internacionales, con la creación de foros virtuales en los que se brinde apoyo especializado sobre la problemática del acoso y la violencia política.
Más allá de justicia, y de la adecuada sanción y reparación de actos de violencia y acoso, despreciables, los llamo, los invito a trabajar en prevención. Según Alberto Vásquez la participación de la mujer “puede modificar y enriquecer la manera de entender el mundo en el que hemos vivido y actuado a través de un esquema masculinizado usualmente asumido como normal”.
Como mujer política, y hoy en mi calidad de Asambleísta Nacional, me ha tocado repensar varios preceptos con los que crecí, y hoy me siento en capacidad para decir que me reconozco en un ambiente político violento, en el que debemos luchar todos los días para erradicar sutiles o evidentes formas de violencia en el marco de nuestras funciones.
Propongo diseñar una estrategia de intervención sin banderas ideológicas para rechazar todo acto de acoso y la violencia política por razón de género.
Esta iniciativa va por nuestras niñas, por las jóvenes que hoy dan sus primeros pasos en la arena política, por todas a las que intentan desalentar diciendo que la política no es para mujeres. La mejor manera de contrarrestar la violencia de género en cualquiera de sus esferas, es prevenirla tratando sus orígenes y causas estructurales. Con educación temprana que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género. El trabajo con niños y jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso en la erradicación de la violencia de género.
María Mercedes Cuesta
Asambleísta Nacional
Asambleísta Nacional | Integrante de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa |
