Respecto de las cuatro preguntas restantes (6,7,8,9) planteadas por el Ejecutivo en el alcance a la consulta popular:
Es importante comunicar a la ciudadanía que, si bien, mi criterio puede diferir respecto de la creación de más unidades judiciales, especializadas en materia constitucional, pues mi postura siempre será la de reducir el gasto público; e independientemente de las consideraciones que pueda tener con relación a la pregunta que plantea la aprobación de mecanismos privados de arbitraje internacional, ya que considero que se deben promover procesos públicos y transparentes; o la pregunta 8 ―que plantea que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el ejercicio de sus funciones comentan delitos, sean juzgados, en todas las etapas del proceso, por jueces especializados en materia penal militar y policial― y la pregunta 9, que propone permitir el trabajo por horas, el mismo que se espera sea normado en beneficio del trabajador e impulse el empleo joven; tendrán un impacto significativo en la ciudadanía; serán los ecuatorianos quienes, con su voto consciente decidan lo que es mejor para el país. Mi postura busca, sobre todas las cosas, respetar la soberanía popular.
La Corte Constitucional es la llamada en esta etapa, a hacer el respectivo control de legalidad de las preguntas, vigilando que se cumplan los parámetros establecidos en la Constitución.
Mi posición como legisladora es estar vigilante del pronunciamiento de la Corte, pues este organismo es el que deberá decidir si la vía de la enmienda es la vía procedente para un eventual cambio constitucional.
Quiteña, doctora en Psicología Industrial y Magister en Gerencia y Liderazgo Educacional. Poseo una sólida carrera de 20 años como docente universitaria y 15 años de experiencia en Gestión de Talento Humano en el sector privado, aportaré una perspectiva única a la Asamblea Nacional como representante electa por Pichincha, circunscripción Centro-Norte, parte de la Comisión Permanente de Derecho al Trabajo y Seguridad Social.
